Los excongresistas enredados con dineros de Fonade
Uno en particular, adjudicado en abril de 2017, comprendía los diseños y construcción de vivienda de interés prioritario.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Maria Cristina Palau, la Fiscalía General de la Nación informó que un grupo de políticos recibieron dineros de contratos en Fonade. Más específicamente, se trata de uno adjudicado en abril de 2017 para los diseños y construcción de vivienda de interés prioritario.
Según la Fiscalía, varios congresistas se habrían quedado con el 15 por ciento de dichos contratos. Además, añadió que los implicados eran cuotas políticas en Fonade del exsenador Bernardo “Ñoño” Elías.
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“Dos de los pagos realizados a mediados de 2017 fueron a parar a una cuenta y a pagar un crédito de su esposa María Margarita Vega Otero, excandidata a la Cámara de Representantes por el Partido de la U por el departamento de Córdoba”, relató el fiscal del caso.
El ente acusador agregó en la audiencia que investiga irregularidades tras contratos la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Coldeportes.
Durante la diligencia salieron a relucir nombres como el de Richard Kamal Náder Ordosgoitía, Amauri Segundo García de la Espriella y Musa Besaile.
Por otro lado y según los investigadores, la exdirectora del Uspec “se presentaba como representante de una bancada del Partido Liberal (…) se decía que ella era cuota burocrática de Luis Fernando Velasco”.
Por otra parte, la entidad ha revelado la existencia de más proyectos que se encuentran bajo la lupa por presuntas irregularidades.
Existen conversaciones telefónicas en la que los investigados hablan sobre “el corral”, refiriéndose a procesos de contratación que adelantaba la Uspec en Fonade. Se trata específicamente de licitaciones para contratos de diseño e interventoría para la construcción de penales.
El 10 de octubre de 2017, a La W llegó una denuncia que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación e interpuesta por un contratista del Estado. En esta, se asegura que la entonces directora de la Uspec, María Cristina Palau, recibió 600 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato de la cárcel de Combita en Boyacá.
En la denuncia, un contratista aseguraba que se reunió con Palau en el salón Carolina del Hotel Tryp en Bogotá, donde la funcionaria supuestamente le aseguraba una de las dos obras que iban a salir por Fonade para una construcción en la cárcel de Cómbita.