Mermelada bovina, auspiciada por Minagricultura y Fedegán

Este medio inició esta investigación revelando que el excontralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, le había advertido a Andrés Valencia Pinzón, ministro de Agricultura, sobre irregularidades en el proceso de contratación del administrador de la cuota parafiscal de fomento ganadero y lechero para el recaudo, la administración y la inversión de la misma. 

Maya, a través de una carta, comunicó que el proceso había estado precedido se sendas modificaciones y retrasos, y especifica las irregularidades encontradas en cuatro auditorías y una función de advertencia. 

Sin embargo, y a pesar de dicha carta, se le entregó el manejo de recursos parafiscales del ganado a Fedegán. Y días después de ello, La W reveló irregularidades durante dicho proceso: en octubre el Ministerio de Agricultura le entregó al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y por solicitud suya, bases de datos que contienen datos personales y patrimonios de los actores del sector ganadero. 

En un acta hecha por el ICA, entidad agropecuaria adscrita al Ministerio de Agricultura, se dice, en el punto de número 5: “(…) Se explica la necesidad de contar con un acuerdo de confidencialidad por parte de Fedegán para acceder a la información, el cual es firmado por el doctor Lafaurie de manera inmediata”.

¿Y en dónde se acordó eso? En una de las reuniones de comité técnico de la comisión nacional para la erradicación de fiebre aftosa, en donde además de funcionarios del Ministerio de Agricultura, solo estaba citado Fedegán como actor privado, a pesar de existir otros gremios en ese mismo sector. La fecha de la reunión fue el 3 de octubre de 2018. En ese encuentro se acordaron compromisos para proceder en los próximos meses, acciones concretas como “definir cronograma de acción, según recomendaciones”. 

Luego, La W reveló dos pruebas más: la primera de ellas es una carta, con fecha del 29 de octubre de 2018, enviada a la señora Hilda Terán Calvache, apoderada general de Fiduagraria, entidad que está a cargo de la Cuenta Nacional de Carne y Leche.  La carta es firmada por el señor Carlos Germán Osorio Neira, director de la Unidad de Gestión de recursos y operación de proyectos de Fedegán.

En la carta, el señor Osorio le hace un recuento a la apoderada de Fiduagraria de todas las bases de datos que les habían entregado a la fecha. Por ejemplo: se entregaron los siguientes archivos en Excel, Base Predio Visitados 2018 V4, Archivo RUV 2018 I, Archivo RUV 2016 II, entre otras más.

La segunda: un documento a través del cual Hilda Terán, apoderada de Fiduagraria y administradora de la Cuenta Nacional de Carne y Leche reconoce que por orden del Ministerio de Agricultura se remitió a Fedegán información reservada de la fiducia a través de la cual se manejan los recursos parafiscales ganaderos.

Este escrito reitera lo revelado por este medio: se firmó un compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información reservada, acta que fue firmada por José Félix Lafaurie en calidad de representante de Fedegán.

La carta de la señora Terán está dirigida al contralor delegado del sector agropecuario, Gabriel José Romero, y en ella se hace un inventario de todas las comunicaciones, físicas y digitales enviadas a Fedegán con la información solicitada en la junta de inicios de octubre de 2018.

En la misma comunicación, la apoderada de la Cuenta Nacional de Carne y Leche reconoce que por orden del Ministerio de Agricultura se ordenó la contratación laboral de seis personas, hecho que obligaba a modificar el organigrama de dicha Cuenta.

Las personas contratadas por orden del Ministerio, cada uno con un sueldo de $6,5 millones, son: Esperanza Polanía, veterinaria; Claudia Romero, zootecnista; José Maya, ingeniero industrial; Olga Franco, veterinaria; Carlos Díaz, ingeniero electrónico; y Carmen Cecilia Ortiz, ingeniera de sistemas. 

Tras esta información, este medio entrevistó al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, quien aseguró que la entrega de esa información es normal porque se pretendía hacer un estudio técnico y que ello ya se ha hecho con otros gremios. Manifestó también que no se está violando la Ley y soportó en un estudio de representatividad el haber elegido a Fedegán. 

Sin embargo, también en entrevistas con La W, los exministros de esta cartera Juan Camilo Restrepo y Aurelio Iragorri calificaron estas actuaciones de ilegales e, incluso, Restrepo dijo que este caso es una muestra evidente de “la mermelada bovina más rupestre”. 

La W continuó revelando acciones de la Contraloría, entre las que están una posible sanción por incumplimiento al Ministerio de Agricultura y detalles de una visita a Fedegán. Esto, previo a la revelación del informe preliminar de este ente de control, documento que le dio la razón a la investigación de La W: 

La Contraloría destaca la transferencia y el uso de datos personales no acorde a los lineamientos legales y soporta estas observaciones en el Artículo 15 de la Constitución Política que hace referencia al derecho de intimidad personal y al tratamiento de datos personales, además del Articulo 4 de la Ley 1266 de 2008, que hace referencia al habeas data.

También habla del estudio de representatividad gremial realizado por el Ministerio de Agricultura, señalando presuntas inconsistencias en la presentación de datos específicos en cuanto a representatividad de los gremios, porcentajes de animales vacunados, entre otros. Información vital para que Fedegan se quedará con el manejo de la parafiscalidad ganadera. 

Otras de las observaciones hacen referencia al contrato de administración celebrado entre esta cartera y Fedegán, número 20190001, señalando presuntas fallas al no incluir en las cláusulas, y sin justificación, una información totalmente necesaria, y advirtiendo que esto constituye un riesgo para el patrimonio público. 

Lo que, ante eventuales incumplimientos por parte del gremio, el Ministerio no tendría los medios y herramientas necesarias para exigir el cumplimiento del contrato, así como la posibilidad de ser necesario imponer multas y darlo por terminado.

Además, la Contraloría no encuentra evidencia para que en el contrato de administración de la Cuenta Nacional de Carne y de Leche se permita afirmar que se adelantaron los estudios y análisis correspondientes. Y dice el ente de control  que no existe certeza de la existencia de un solo gremio que cumpla con los requisitos, por lo que en síntesis no se habilitaría la opción de contratación directa. 

Según el documento preliminar, y como ya lo había dicho La W, estas actuaciones tienen consecuencias disciplinarias, penales y fiscales.