La red de corrupción detrás de las liquidaciones de las EPS

Por: Laura Palomino y Paula Bolívar

La W conoció el escrito de acusación en contra de Eva Katherine Carrascal, ex delegada de la Superintendencia Nacional de Salud y mano derecha del ex superintendente Norman Julio Muñoz, con el que la Fiscalía General de la Nación pretende poner en evidencia el millonario desfalco a la salud, un escándalo que apenas empieza a destaparse.

Según la Fiscalía, en Colombia existe una red criminal cuyo modus operandi es liquidar e intervenir EPS de manera injustificada para robarles los usuarios y trasladarlos a otras EPS que pagaron millonarias coimas por este ilícito.

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La exfuncionaria habría utilizado su cargo público para realizar actuaciones ilegales, como por ejemplo ordenar la liquidación de una EPS o imponer medida de vigilancia especial. Esto, con el fin de beneficiar a una estructura delincuencial integrada por John Alexander Colmenares, Guillermo Grosso, exinterventor de Saludcoop y Javier Peña Ramírez, exdirectivo de Cajacopi EPS.

Empezamos entonces este recorrido por el robo a la salud con Cafesalud:

En el documento, la Fiscalía relata como a través de la compañía Medical Corporation S.A, contratada por Cafesalud, se hicieron pagos de facturas por servicios que nunca fueron prestados.

“Eva Katherine Carrascal, amparada en sus funciones de vigilancia  favoreció a sus amigos  para que esos pagos se agilizaran y a cambio obtener beneficios económicos”, dice el ente acusador.

Los dineros se habrían movido a través de las cuentas bancarias de Asesorías en Salud- Asersalud S.A, Innovasalud S.A.S y Dipromedicos S.A.S.

La W conoció cuales fueron las EPS en las que la red criminal de la superintendencia nacional de salud metió su mano negra:

CAPRESOCA EPS

Esta EPS fue objeto de una medida preventiva de vigilancia, en desarrollo de esa medida se presentó un plan de mejoramiento que fue objeto de seguimiento por parte de la Superintendencia y, además, se tramitó una solicitud para redistribución de afiliados.

Para el mes de febrero de 2017, los miembros de la red criminal asesoraron a la entidad frente a las acciones requeridas para normalizar su situación financiera y Carrascal, a cambio de dineros, intervino para favorecerlos proporcionándoles información privilegiada.

Como consecuencia los miembros de la red accedieron a contratos de salud en el departamento de Casanare, a través de la sociedad Clínica Casanare.

SALUDVIDA EPS

Respecto a esta EPS se tramitaron dos actuaciones en la Superintendencia Nacional de Salud: una medida preventiva de vigilancia y una correspondiente a la solicitud de aprobación de plan de reorganización institucional.

Según la Fiscalía Eva Katherine Carrascal entregó a Guillermo Grosso información privilegiada, además se reunió con el representante legal de la EPS y asesoró ilegalmente a estas personas para favorecer su contratación por parte de la entidad vigilada a fin de que estructuraran el plan de reorganización que se tramito ante la Superintendencia.

Por esta vía pretendían lograr que estos particulares accedieran finalmente a contratos de prestación de servicios de salud con la EPS  a favor de sus IPS privadas.

CAJA DE COMPRESACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ

En relación con esta Caja de Compensación la Fiscalía cuenta con información de que Carrascal intervino a cambio de beneficios económicos para facilitar y agilizar el retiro voluntario de los afiliados de COMFABOY en el régimen subsidiado.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NARIÑO

La Fiscalía asegura que Carrascal intervino a cambio de gruesas sumas de dinero para favorecer a los integrantes de la red criminal, entre ellos Guillermo Grosso, al fin de que estos pudieran brindar asesoría para la elaboración de un plan de reorganización.

Para esto Carrascal organizó reuniones entre Grosso y el senador Guillermo Garcia Realpe, político reconocido en la región, quien tenía incidencia en el manejo de la caja de compensación.

ASMET SALUD

En relación con esta empresa, Carrascal intervino para favorecer a particulares a cambio de beneficios económicos, con el fin de que estos prestaran asesorías a la EPS.

La entonces servidora pública proporcionó a Guillermo Grosso información financiera que conoció en virtud de sus funciones.

CEPAN IPS SAS

Respecto a esta IPS, Carrascal habría retardado un acto propio de sus funciones para beneficiar a unos particulares, concreta mente a Guillermo Grosso, con el propósito de lograr que este pudiera asesorar a la entidad vigilada.

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CAJACOPI EPS

La Fiscalía descubrió que se incrementó el número de sus afiliados como consecuencia de las decisiones que adoptó la Superintendencia Nacional de Salud frente a la revocatoria de habilitación y la liquidación forzosa de varias EPS. Situación que habría favorecido Eva Katherine Carrascal, quien participó en los réditos de esas modificaciones o incremento de usuarios para Cajacopi, a cambio de gruesas sumas de dinero.

Los tramites que dieron lugar al traslado de usuarios o afiliados al sistema de seguridad social en salud correspondieron a la revocatoria parcial de habilitación a cinco EPS en el departamento de la Guajira y la decisión de ordenar liquidar a Manexka EPS en Córdoba y Sucre. En ambas regiones resultó favorecida Cajacopi EPS con el incremento de la población asegurada, y por ende, el aumento de recursos provenientes del proceso de compensación.

Por la gestión Carrascal pactó la entrega de cinco millones de pesos mensuales por un contrato otorgado a una clínica o IPS que fue creada y habilitada para operar en el departamento y que estaba a cargo de uno de sus socios, Jhon Alexander Colmenares, denominada Salud Guajira.

En cuanto a Manexka, Carrascal aceptó promesa remuneratoria mensual de 15 millones de pesos por un negocio de medicamentos en Córdoba y Sucre.