Auditor General abre proceso sancionatorio contra el 50% de los contralores del país

La W conoció que el auditor General, Carlos Hernán Rodríguez, abrió proceso sancionatorio contra el 50% de los contralores del país que no hayan cumplido de manera oportuna y veraz su obligación de presentar la información correspondiente del control fiscal que manejan. Estamos hablando de apertura de proceso a más de 32 contralores. 

Este anuncio hará parte de un informe que presentará hoy la Auditoría sobre la pésima y precaria situación de las contralorías departamentales y municipales, en que se señala que por cada funcionario hay hasta 25 sujetos y puntos de control.

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Indica también la entidad que es evidente la falta de recursos económicos y humanos para una mayor cobertura a la vigilancia del erario y lanza una crítica al Plan Nacional de Desarrollo diciendo que no es promisorio al reducir en $58 billones el presupuesto para los  sectores defensa, justicia, seguridad y organismos de control.

En promedio, señala en el informe: por cada peso que el país invierte en las contralorías, éstas debieron controlar $630,80 pesos del presupuesto ejecutado por los sujetos de control, pero hay contralorías que por cada peso asignado en su presupuesto controlaron hasta $3.026.

Por otro lado, se encontró que cerca del 80% de los funcionarios de los organismos de control están dedicados a desarrollar labores propias del control fiscal existiendo algunas contralorías donde el  50% de los funcionarios están dedicados a labores administrativas.

Otro llamado de atención tiene que ver con la disparidad de criterios para determinar la conceptualización y alcance, respecto de los sujetos y puntos de control. Esta falta de unificación de quién es sujeto o punto de control, alerta la entidad, incrementa el riesgo de que el control fiscal no llegue adonde debe llegar, y de que una parte de los recursos públicos del territorio de competencia de las contralorías que presentan inconsistencias en la información, no estén siendo auditados.

Concluye la Auditoría que debe intervenirse el control fiscal por la vía de la formulación e implementación de una política pública de control fiscal “dirigida a asegurar la operación armónica del Sistema Nacional de Control Fiscal. (SINACOF)”.