Google apuesta por adoptar una nueva normativa con la que regular los asistentes de voz
"hay que intensificar los niveles de protección en relación con el derecho a la privacidad", afirmó el vicepresidente de la compañía.
La rapidez con la que ha evolucionado en los últimos tiempos la inteligencia artificial y, en consecuencia, los altos niveles de popularidad de los que gozan a día de hoy asistentes virtuales como Alexa (Amazon), Siri (Apple) y el llamado 'Google Assistant' necesitarán de un nuevo marco legal más elaborado que incida especialmente en la protección de la privacidad y la salvaguarda de aquellos datos personales y confidenciales de los usuarios.
Esa es la conclusión a la que ha llegado uno de los vicepresidentes de Google, Scout Huffman, quien precisamente supervisa todo el departamento de ingeniería de la multinacional dedicado al desarrollo de su asistente por voz, tras reflexionar abiertamente sobre la necesidad de que la normativa, como ya ocurriera con otros hitos tecnológicos, pueda prever con la suficiente antelación los retos que se desprenderán del uso generalizado de estos dispositivos en el futuro.
"Si pensamos por un momento en Google Home o Alexa, nos daremos cuenta de que estos sistemas son los primeros de su naturaleza que no se limitan al ámbito puramente personal. Son unidades de computación que viven en entornos compartidos. Estas cosas viven en la misma habitación que nosotros y nuestros seres queridos, y todos somos usuarios de una forma u otra. ¿Cómo se defiende el derecho a la intimidad en este caso?", ha explicado en conversación con el portal de noticias CNET.
"Sinceramente, creo que tenemos que hacernos a la idea de que la regulación ha de cambiar a medida que la propia sociedad va decidiendo cómo quiere integrar este tipo de dispositivos en su vida cotidiana. Pasará lo mismo que ocurrió con el teléfono y las telecomunicaciones. A día de hoy tenemos un sinfín de leyes y normas que delimitan cómo empleamos estos artilugios, qué se puede y qué no se puede hacer", ha aseverado en la misma entrevista para, a continuación, ejemplificar su postura con la convicción generalizada de que el secreto de las comunicaciones es sagrado y, por tanto, requiere incluso de garantías constitucionales.