Las razones por las que la Procuraduría tiene en la mira al alcalde de Chía
Pese a las advertencias del Ministerio Público, el mandatario insiste en entregar en concesión la licitación de alumbrado público.
La W pudo establecer que el alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruíz, está en la mira de la Procuraduría General de la Nación por hacer caso omiso a varias advertencias sobre posibles irregularidades en la adjudicación de la licitación del alumbrado público del municipio.
Cabe señalar que la prestación de este servicio de alumbrado se encontraba a cargo de la empresa Codensa S.A. desde 2003. En el contrato, la empresa se comprometía a dar en arrendamiento el uso de la infraestructura de alumbrado público en área rural y urbana.
Sin embargo, el 30 de octubre del año pasado, la Alcaldía inició el proceso de licitación pública para entregar en concesión la operación, administración y mantenimiento del alumbrado público en ese ente territorial. En pocas palabras, se otorgó en concesión la administración de la infraestructura que no es del municipio sino de una empresa privada.
Por esa razón, la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública envió a la Alcaldía de Chía las siguientes observaciones:
- La infraestructura de alumbrado público no es propiedad del municipio lo que implicaría que el adjudicatario dependa de la autorización de un tercero para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.
- La muestra que se utilizó para el análisis del sector No fue representativa. Esto implica que los índices financieros y los criterios para establecer la experiencia, podrían presentar una variación al no ser suficiente para determinar el mercado actual del alumbrado.
- Alertó la poca experiencia específica en contratos de concesión.
A pesar de que se le solicitó al alcalde suspender el proceso para que estudiaran integralmente los pliegos de condiciones, buscando garantizar los principios de la contratación estatal y o revocar el auto de apertura de la licitación, decidieron continuar con el proceso.
Actualmente, la Procuraduría estudia cuál será la vía disciplinaria que adoptará. Es decir, si abre una indagación o una investigación para revisar la actitud del mandatario y por qué no se tuvieron en cuenta las observaciones.