CIDH insiste en denunciar el debilitamiento de Estado de Derecho en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el debilitamiento del Estado de Derecho ante las "graves violaciones" de derechos humanos en Nicaragua, antes de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebre una sesión al respecto.

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"La CIDH urge a Nicaragua a restituir las condiciones para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de las personas para la vigencia del Estado de Derecho en ese país", indicó la comisión en un comunicado.

La institución hizo estas afirmaciones previo a que el Consejo Permanente de la OEA celebre una sesión extraordinaria este viernes para dar seguimiento a la crisis de Nicaragua.

En su nota, la CIDH advirtió que la "grave crisis" de derechos humanos en el país se ha extendido por más de ocho meses "debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno".

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La comisión criticó además la clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, así como a la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos.

Estos factores, según la CIDH, "perpetúan la impunidad de las violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de la represión estatal a las protestas".

"Las protestas iniciadas desde abril de 2018 fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos policiales bajo el mando de la presidencia. (...) Se ha generado un estado policial en el país que busca acallar la disidencia y cerrar los espacios democráticos", señaló en la nota.

En diciembre pasado, la CIDH advirtió de una "intensificación de la cuarta etapa de represión", y acusó al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de cometer crímenes "de lesa humanidad", ante el Consejo Permanente de la OEA.

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El secretario de la OEA, Luis Almagro, inició a finales de diciembre el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que podría abrir la puerta a la suspensión de este país del organismo si fracasan antes las gestiones diplomáticas.

Según organismos humanitarios, entre 325 y 545 personas han muerto en el marco de la crisis que afecta Nicaragua, de los que el Gobierno reconoce 199.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestaciones.