Universidad Nacional pide liquidación del “elefante blanco” de Minvivienda

La W conoció el informe final de la Universidad Nacional que determina las irregularidades de la compra de la Sede Colonial del Ministerio de Vivienda, que se realizó durante las administraciones de Luis Felipe Henao, Elsa Noguera y Jaime Pumarejo. Se trata de tres contratos por un valor de 18.000 millones de pesos.

A pesar de  esta millonaria inversión de dineros públicos,  hoy en día la  Sede Colonial no es habitable para los 480 funcionarios que se encuentran ubicados en otro predio.

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En este documento, la institución de educación superior revela que se generó un detrimento elevado cuando el entonces Ministerio de Vivienda compró, por 8.500 millones de pesos, una propiedad que después tuvo que demoler. Posteriormente, perdió los equipamientos con los que venía el inmueble.

Luego de varias inspecciones, la Nacional encontró que esta sede también tenía medidas de embargo que no fueron mencionadas en el cuerpo del contrato de promesa de compraventa.

Así las cosas, la Universidad Nacional concluye que hoy en día, para recuperar la sede, se necesitan aproximadamente $3.500 millones de pesos. Este valor corresponde a la inversión del edificio, sin tener en cuenta el lote contiguo e igualmente, se deben tener en cuenta unos recursos adicionales para el amueblamiento.

Dentro del informe, se estima que se adquirió una sede sobrevalorada en más de 1.500 millones de pesos.

Los costos de este proyecto ya superan los costos de una nueva construcción, ya que la falta de planeación y la improvisación sobresalen durante la ejecución de las obras.

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Llama poderosamente la atención que la universidad asegura que en estos hechos existió una omisión al deber de planeación, un hecho que debería conducir a la nulidad absoluta del contrato por  la ilicitud del objeto. Por otro lado, la administración y sus funcionarios serían responsables por el incumplimiento  del deber legal de contar con estudios y diseños.

Aunque existen algunas obras, en su mayoría son actividades civiles que ejecutó la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, pero sin actas debidamente aprobadas por las partes debido a que no estaban relacionadas en el objeto del contrato. Estas, en caso de ser reclamadas por el contratista (en este caso, el Ministerio de Vivienda), podrían haberse ejecutado con el dinero excedente del contrato inicial.

Es decir, el Ministerio de Vivienda sospechosamente no advirtió el incumplimiento del contrato, ni exigió que este se llevara a cabo.

Así las cosas, la Universidad Nacional recomienda que el Ministerio de Vivienda realice una reclamación indemnizatoria. Esto, teniendo en cuenta que los contratos comprometen a entidades y presupuesto público –en este caso, el orden público– se habría visto quebrantado por incongruencias, inconsistencias y hechos que no tienen soporte contractual.

También se recomienda que estos contratos se liquiden sin que el Ministerio de Vivienda esté obligado a pagar saldos de precio, hasta tanto no se detalle de manera concreta la acusación de todas las actividades que se dejaron de realizar.

De no ser posible una liquidación, esto deberá tramitarse ante el juez del contrato con las evidencias materiales.

Resulta paradójico que el Ministerio de Vivienda no haya logrado terminar su propia casa, pues cabe recordar que hoy en día tiene proyectos heredados de más de 4.000 viviendas de interés social en riesgo por entregarlas a un contratista que ha incumplido en varias regiones del país.

A lo anterior, se suma que ya la Procuraduría General de la Nación tiene bajo la lupa este contrato y se espera que en los próximos días tome decisiones que involucran a los funcionarios del Ministerio de Vivienda.