Juez avala imputación de cargos a exalcalde Manolo Duque y a otros capturados por PAE

Tras más de 7 horas de audiencias, el Juez Décimo Segundo con función de control de garantías de Cartagena avaló la imputación de cargos que hizo la Fiscalía 53 Seccional en contra del exalcalde de esa ciudad Manolo Duque Vásquez, su exsecretario de Educación Germán Sierra Anaya y las otras cuatro personas capturadas por presuntas irregularidades en dos contratos para el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo con la Fiscalía, con la realización de dos contratos en 2016 entre el entonces alcalde Manolo Duque y Redcom (de forma directa) y el Consorcio Proescolares 2016 (por contratación) se habría causado un detrimento de más de $4.540 millones, de recursos destinados a la alimentación de los estudiantes de la capital de Bolívar.

Por este caso a Duque le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculados por apropiación en favor de terceros, peculado por acción y falsedad ideológica en documentos público, todos en calidad de coautor a título de dolo. Según la Fiscalía, el entonces mandatario debió velar por el cumplimiento de los contratos y la legalidad de los documentos que soportaban la contratación, algo que no sucedió.

En el caso del exsecretario de Educación, Sierra Anaya, el ente acusador señaló que, además de no haber vigilado que hubiera legalidad en la documentación que presentaron los contratistas y vigilar que los estudiantes recibieran las raciones de alimentos contratadas, el entonces funcionario habría inducido la creación de una urgencia manifiesta para que se diera la contratación de forma directa y no por licitación pública, como debió ocurrir.

“Los testimonios de algunos docentes indican que el secretario de Educación les pidió que enviaran cartas solicitando que se declara la urgencia manifiesta para el PAE en esas escuelas. Tan es así que muchas de las cartas fueron hechas en la misma Secretaría de Educación y con el mismo formato”, detalló el Fiscal 53 Seccional.

Por esta misma situación fue imputada la encargada del PAE en la Secretaría de Educación, Mayidis Gómez. Ella, según se conoció, certificó que los contratos (tanto el realizado con Redcom, como el hecho con Proescolares 2016) se habían cumplido a cabalidad, sin reportar las irregularidades que los rondaron, por lo que le imputaron contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de tercero.

El zar del PAE y sus contratistas  

El de David Reinaldo Camacho Benítez fue el nombre que más se mencionó en la audiencia de solicitud de imputación de cargos. Él es catalogado por la Fiscalía como el zar del PAE en Cartagena y en otras capitales del Caribe colombiano. 

Ya antes se había conocido de él como el hombre de las famosas pechugas de 40 mil pesos, que son la génesis de esta compleja investigación que ha dejado al descubierto cómo operaba su red para, presuntamente, apropiarse de recursos públicos.

“El señor Camacho no figura en los documentos de Redcom ni en los de Proescolares ni en los de las empresas encargadas del suministro, pero es él quien maneja todos los recursos, porque los dineros a la final se giran a sus cuentas”, expresó el Fiscal.

Camacho, según las investigaciones, ha estado detrás de varias firmas contratistas del PAE desde 2012, entre ellas Coosheroica que tras escándalos le cambió de nombre y la denominó Coosuacol (hoy intervenida por la SuperSolidaria). “Desde que empezó en este sector este sujeto ha logrado manejar recursos cercanos al medio billón de pesos”, precisó el representante del ente acusador.

A él le imputaron los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y privado y peculado por apropiación, todos ellos en calidad de determinador.

En su red Camacho tenía a dos contratistas  clave: Sandra Mercado y Gladis Muñoz Bravo, quienes fueron imputadas de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contratación sin cumplimiento de requisitos legales.

Para el lunes en horas de la tarde se retomarán las audiencias de este caso para determinar si estas personas deberán ir a la cárcel o si podrán seguir su proceso en libertad.