Las irregularidades en la contratación de nueva sede del Ministerio de Vivienda

La W conoció varios informes de la Contraloría que evidencian que desde el año 2015 este ente de control advirtió lo mismo que revela el documento de la Universidad Nacional y es que la sede donde hoy funciona el Ministerio de Vivienda no es viable para su ocupación,  esto a pesar de una inversión de más de $18.000 millones. 

El ente de control advierte que desde un principio el Ministerio incumplió las normas de avalúo comercial que ordena la Ley, lo que perjudicó desde ese entonces la planeación de este proyecto. Este hallazgo tiene incidencia  disciplinaria.

Y es que cuando esta cartera presentó a Planeación Nacional el proyecto para adquirir una nueva sede, no entregó lo que se denomina un análisis de alternativas, que es la previa evaluación de las necesidades que tiene que hacer una entidad pública para adquirir una nueva sede, donde se debe especificar detalladamente por qué y cómo se requiere ese nuevo inmueble.

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Lo que hace concluir a la Contraloría que la adquisición del Hotel Dann Colonial no resuelve las necesidades de este Ministerio y lo más grave este hallazgo  fue enviado a la Fiscalía General de la Nación por su incidencia penal. 

Tanto en el contrato de compraventa con el Hotel Dann Colonial y el contrato  interadministrativo con ECO, la Contraloría evidenció el posible doble pago por actividades de reforzamiento estructural. Y advierte un posible incumplimiento del contratista, a pesar de haber sido avalado por el propio Ministerio, lo que representa un detrimento patrimonial.

Por otro lado, la entidad de vigilancia reportó que existen diferencias en las cuentas reportadas por la entidad y lo registrado en el contrato número 549, que se realizó con la empresa Emtel, Empresa de Teléfonos de Popayán, por $7.620 millones para la adecuación de infraestructura tecnológica.

Pues la entidad encontró que este contrato fue adicionado en un 533% y que a la fecha de finalización del mismo no se realizó la entrega de lo acordado, así las cosas no solo existiría un detrimento patrimonial sino también una falta disciplinaria por incumplir los principios de la función pública.

La Contraloría reveló que la respuesta del Minvivienda frente a los desajustes de cifras se presentaron fue por “un error involuntario en la clasificación de las cuentas, las que en su momento se registraron directamente en la cuenta de gasto y no en la cuenta de construcciones en curso, lo que generó registros de información inexactos y por consiguiente, subestimación en el saldo de las cuentas”.