Alcaldes de Piedras y Florencia responden por corrupción

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó cargos en contra de Rogelio Montealegre Murillo, alcalde del municipio tolimense de Piedras en el período 2008-2011, por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Según las investigaciones preliminares adelantadas por peritos del CTI de la Fiscalía, los hechos tienen su origen en las supuestas irregularidades halladas en el contrato por suministro No. 129 que se firmó el 26 de julio del año 2011 —cuando el investigado era mandatario de la citada población, por un valor de $32.000.000. El dinero fue tomado del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por ello se evidenció una presunta violación al principio de planeación en la etapa de trámite del proceso contractual.

La audiencia, en la que el procesado no aceptó responsabilidad alguna, se realizó ante el Juzgado 1° Promiscuo de Piedras.

En este mismo departamento, la Fiscalía imputó cargos por los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo (por tres hechos) y cohecho impropio (por ocho sucesos) en concurso heterogéneo a Henry José Mejía Padilla, funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) de Tolima, por presuntamente haber solicitado y recibido dádivas de usuarios de la entidad a cambio de trámites propios de sus funciones como oficial de catastro grado 7.

Por otro lado, la Fiscalía imputó cargos al alcalde de Florencia (Caquetá), Andrés Mauricio Perdomo Lara.

La investigación se relaciona con los hechos ocurridos en el año 2016, cuando el entonces alcalde encargado, Luis Manuel Espinosa Calderón, suscribió un contrato por $914’595.000, que al parecer no se celebró bajo los parámetros que exige la ley, y Perdomo Lara lo ejecutó y liquidó.

El contrato de suministro N° 20160016 con Rocas Minerales S.A.S en el que el representante legal era el señor Diego Alfonso Castañeda Leguízamo, firmado el 26 de septiembre de ese año, tenía como objeto el “suministro de asfalto natural para el mantenimiento y mejoramiento de vías principales en la ciudad, y en los barrios del municipio de Florencia (Caquetá) del convenio interadministrativo N. 20160010 y mejoramiento y ampliación de obras de infraestructura pública en el municipio de Florencia”.

La modalidad de contratación era por licitación pública para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa. Las irregularidades radicaron en la supuesta insuficiencia en los estudios previos suscritos por Diego Andrés Cuéllar Silva, secretario de Obras Públicas. Pese a las observaciones efectuadas por algunos interesados en la licitación, se continuó el proceso contractual.

Se evidenció que el pliego de condiciones nadie lo suscribió y era responsabilidad directa del alcalde titular, es decir, de Perdomo Lara, violando así los principios de contratación estatal, planeación, selección objetiva, responsabilidad y transparencia.

De acuerdo con las labores investigativas lideradas por un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública, se detectó además que se trató de un proceso de selección ficticio porque antes de suscribir el contrato, en la etapa de trámite, ya se tenía conocimiento de cuál sería el contratista escogido.

Asimismo, se estableció que en el momento de liquidar el contrato no se había cumplido el objeto del mismo; aun así se dijo que estaba a paz y salvo, causando un detrimento patrimonial de $140.085.000.

Por estos hechos, también fue vinculado Diego Andrés Cuéllar Silva, secretario de Obras Públicas, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros.