Estado y Misión Carismática enfrentados por inmueble que perteneció a “Pacho” Herrera
Continúan saliendo a la luz los inconvenientes de los bienes en proceso de extinción de dominio de los que se hizo cargo la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Se trata de un inmueble de más de 11.600 metros cuadrados ubicado al norte de Cali, en el sector conocido como Mayapan y avaluado en más de $4.700 millones. Foto: María Camila Suárez (W Radio)
La W conoció que un inmueble que perteneció al narcotraficante del cartel de Cali, Helmer “Pacho” Herrera, fue entregado a título gratuito a la iglesia Cristiana Misión Carismática, quienes se niegan a devolverlo ahora que el Estado intenta recuperarlo para generar recursos para la justicia.
Se trata de un inmueble de más de 11.600 metros cuadrados ubicado al norte de Cali, en el sector conocido como Mayapan y avaluado en más de $4.700 millones. Este bien, incautado en 2009, es ocupado por esta comunidad cristiana dirigida por el pastor Jorge Villavicencio Rosales, quien reúne en sus instalaciones a más de 2.000 personas.
El pastor Villavicencio se niega a entregarlo argumentando que él compró el bien en 2007 por $3.000 millones, bajo autorización de la Fiscalía y que la Ley de Extinción de Dominio lo faculta como presunto comprador de buena fe no vencido en juicio.
Este medio confirmó que el Estado ya ha solicitado la entrega del bien y ha removido dicha figura de título gratuito. Incluso, que ha propuesto a la Iglesia Misión Carismática que si quiere seguir usando el bien pague arriendo, lo que según pudo confirmar este medio, sería aceptado por la iglesia, cuyo abogado es Mario Iguarán.
La W confirmó que la Misión Carismática al Mundo lleva sin pagar impuestos desde 2015, deuda que ya suma más de $158 millones.
Hay que mencionar que este predio también tuvo en problemas al senador Roy Barreras, quien según varias denuncias habría hecho gestiones ante la Dirección Nacional de Estupefacientes para que el inmueble le fuera devuelto a la iglesia cristiana en mención. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que en 2017 tomó la decisión de archivar la investigación por tráfico de influencias al determinar que no existían pruebas para continuar el proceso.