EPM rechazó la supuesta existencia de una “lista negra”

Empresas Públicas de Medellín (EPM) aseguró que no existe una “lista negra” de personas que no están de acuerdo con las decisiones que se toman en el grupo empresarial. Además, aclaró las condiciones en las que 18 empleados de la compañía se sometieron a la prueba de polígrafo de manera voluntaria.

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Maritza Alzate Buitrago, vicepresidente de Asuntos Legales y secretaria General de EPM, aseguró que “el asunto del examen poligráfico nada tiene que ver con la situación que estamos viviendo en el proyecto Ituango”.

Además, recalcó que la idea de someterse al polígrafo surgió de los mismos empleados luego de que en el Concejo de Medellín se filtrara información sobre las acciones de Tigo–Une, la cual es considerada por la compañía como sensible.

Los funcionarios citados a la prueba hacen parte de la Vicepresidencia de Asuntos Legales, Vicepresidencia Estratégica y Crecimiento Finanzas, y Vicepresidencia de Comunicaciones, quienes habrían tenido acceso a dicha información filtrada.

A juicio de Alzate, lo ocurrido es “algo revolucionario porque en la tradición de EPM, durante sus 63 años, jamás se han aplicado exámenes de esta naturaleza. Es decir, esto no es una iniciativa corporativa, esto es una situación puntual, fruto de la propuesta de algunos funcionarios y la empresa estuvo de acuerdo en que se practicara”. De esta manera, para EPM, el debate es más ético que legal y amparados en eso, los empleados habrían tomado la decisión de aceptar de manera voluntaria someterse al polígrafo.

La prueba tuvo una duración de cinco minutos, según relató la secretaria General, y de dos a tres horas restantes eran para que los empleados tuvieran la oportunidad de explicar las respuestas que habían entregado a los funcionarios contratados para llevar a cabo el examen.

EPM negó de manera tajante que en esa prueba se preguntara por la relación que los empleados de su empresa tuviesen con figuras importantes del departamento. “Con relación a los comentarios que señalan que hay preguntas que tienen que ver con el propio gobernador, con la Contraloría, con periodistas y con indagación sobre concejales, habría que manifestar que es absolutamente falso que hubo preguntas en tal sentido”.

Sin embargo, en este certificado emitido por la empresa encargada de la prueba, se excluye a los concejales.

La prueba tuvo un costo de $135.000 por persona, asumidos por la compañía. Esperan que los resultados sean entregados en los próximos días al gerente general, Jorge Londoño de la Cuesta quien, de encontrar información positiva sobre los responsables de las filtraciones, podrá pedir que se adelante un proceso de tipo disciplinario pero aclaró la compañía que no habría despidos por cuenta de esta prueba.