Las interceptaciones en el caso Invima
Los productos vendidos por la sociedad Antorcha de Luz S.A.S. no tenían registros sanitarios, por lo que se presume que sus compradores fueron asaltados en su buena fe.
Los investigadores advirtieron sobre la presunta actividad ilegal de la sociedad Antorcha de Luz S.A.S., vinculada a Stella Durán, que comercializaba y fabricaba artículos esotéricos. Foto: Colprensa
Luego de la desarticulación de una estructura que habría montado un “Invima paralelo” para tramitar registros sanitarios irregularmente, las investigaciones fueron orientadas a identificar el patrimonio ilegal de las personas involucradas en este esquema delincuencial.
En una primera fase contra el patrimonio de esta organización criminal, fueron identificados sociedades, establecimientos comerciales (laboratorios y centros de estética) y bienes inmuebles. Estos eran usados para la venta de los productos esotéricos, medicamentos, suplementos dietarios y productos de belleza que obtenían fraudulentamente autorizaciones para salir al mercado.
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De esta manera, estos productos en realidad no estaban verificados, por lo que se desconocían sus efectos en la salud de los colombianos y no se tenía certeza sobre la composición de los mismos.
Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Especializada de Extinción de Dominio, impuso medidas cautelares contra 20 inmuebles que estarían vinculados a dos de los procesados, María Estela Durán de Navarro (Stella Durán) y Jorge Iván Salazar Sánchez.
En una operación adelantada por la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Gaula Militar, las propiedades afectadas fueron ocupadas en diligencias cumplidas en Bogotá, Medellín y Pasto, y se constató que su valor comercial podría superar los diez mil millones de pesos ($10.000.000.000).
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En los procedimientos, los investigadores advirtieron sobre la presunta actividad ilegal de la sociedad Antorcha de Luz S.A.S., vinculada a Stella Durán, cuyo objeto era la comercialización y fabricación de artículos esotéricos. En el lugar y luego de las verificaciones de los peritos del Invima, se constató que los elementos vendidos en los establecimientos de esta sociedad no tenían registros sanitarios, por lo que se presume que las personas que los adquirían fueron asaltados en su buena fe al comprar productos de los que no hay constancia sobre sus propiedades y, en algunos casos, serían adulterados.
En una de las interceptaciones hechas por el ente acusador, Claudia Lised Peñaranda (tramitadora) habla con un enlace de la red criminal y, entre risas, señala que su laboratorio queda en “Estados Unidos de Bogotá”.
En otro momento, implicados en la estafa señalan que de un producto que vendían como importado, se detecta que en realidad era fabricado en Medellín.