Armando Benedetti habría ordenado “chuzar” al fiscal general, su esposa y varios abogados

El pasado mes de agosto, la Fiscalía General de la Nación desveló un nuevo escándalo de “chuzadas”, en el que se conocieron varias operaciones de interceptación ilegal de comunicaciones que estarían comandadas por tres militares en retiro del Ejército Nacional y en las que se vincula al general (r) Humberto Guatibonza.

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A propósito de este caso, La W conoció en exclusiva que entre las personas que habrían sido “chuzadas” por esta red se encuentra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez y su esposa. Además, también se conocieron los nombres de varios abogados como Jaime Lombana, su hijo e Iván Cancino.

De esta manera, este medio también conoció que las órdenes de realizar estas interceptaciones ilegales desde oficinas paralelas a la Fiscalía supuestamente habrían sido dadas por el senador Armando Benedetti. En diálogo con La W, el senador le salió al paso a esta información y advierte que “nunca conoció a ninguno de los miembros de la oficina de chuzadas telefónicas de Ipiales”.

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Esta información se conoce a través de la declaración de una de las personas capturadas el pasado 4 de agosto en los operativos llevados a cabo en las ciudades de Cali e Ipiales, quien se encuentra colaborando con la Fiscalía y cuya identidad se mantiene en reserva.

Por otra parte, también se conoció que había empresas que contrataban los servicios de esta red de interceptaciones ilegales, como una “importante aerolínea que “chuzaba” a sus pilotos mientras que se producía un conflicto”. Sin embargo, los detalles de esta información se encuentran en reserva.

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Así operaba la red de "chuzadas"

En el marco de la investigación, el ente acusador descubrió que las ciudades de Cali e Ipiales servían como sedes para llevar a cabo las “chuzadas” a cambio de millonarios pagos.

Por una parte, en la capital del Valle del Cauca funcionaban dos sedes para las interceptaciones, escondidas detrás de fachadas de empresas. En Ipiales, las autoridades encontraron un inmueble que sería la base de operaciones, donde seis torres de cómputo de diferentes marcas, cuatro computadores portátiles y cinco teléfonos celulares, con los que se llevaba a cabo la operación. También se encontraron dos maletines con documentos, una tablet, dispositivos USB y agendas de datos, entre otros elementos.

De esta manera, la Fiscalía conoció la manera en la que esta red se dedicaba a obtener, de forma ilegal, importante información reservada de políticos, empresas, miembros de la Fuerza Pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía.

Esta información era vendida, por un valor promedio de tres millones de pesos, a quienes estuvieran interesados en obtenerla. Además, las empresas ofrecían sus servicios a través de un portafolio y entre los servicios también se incluía la interceptación de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea.

Durante la realización de los allanamientos que condujeron a las capturas, las autoridades encontraron información recopilada sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, además de personalidades nacionales e internacionales.