Contraloría advierte que Anla no tiene sustento para responder por caso Hidroituango
El ente de control calificó de "infundadas" las defensas de la Anla y de EPM.
Para el año 2011, la Anla ya contaba con las facultades de vigilar y estudiar el proyecto de Hidroituango. Foto: Agencia EFE
Tras el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en defensa de las acusaciones hechas por la Contraloría General de la República frente a Hidroituango, el ente de control emitió un comunicado.
Cabe recordar que una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría determinó graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental y en el desarrollo constructivo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango). También concluyó que, por la falta de estudios detallados a lo largo de la ejecución del mismo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomó decisiones que, a juicio de este organismo de control, no contaban con el sustento técnico suficiente.
La Contraloría General aclaró que en ningún momento ha dicho, dentro de tal informe, que fuera la ANLA la que concediera la licencia ambiental del proyecto Hidroituango. Lo que ha dicho, señala, es que esta entidad ha autorizado modificaciones a la licencia.
Si bien la ANLA no otorgó la licencia ambiental del proyecto Hidroituango, de conformidad con el Decreto 3753 del 2011 "esta entidad asumió todos los derechos y obligaciones del Ministerio de Ambiente que tuvieran relación con las funciones establecidas para esta Autoridad Ambiental en las normas legales", resalta el ente de control.
Y agrega que en el marco de sus competencias de seguimiento y control, la ANLA debía verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y era la llamada a hacer exigible a EPM todas las obligaciones derivadas de la licencia.
"Es de recalcar que en el año de creación de la ANLA , es decir en 2011, se inician las obras de la hidroelectrica y la entidad contó con la posibilidad de detectar las falencias y debilidades de la etapa de licenciamiento y exigir a EPM los respectivos ajustes y complementaciones", señala la Contraloría.
Por otro lado, manifiesta que no se ajusta a lo expresado en el informe del organismo lo relacionado a una presunta responsabilidad de la ANLA sobre los diseños del proyecto, ya que esto no es lo observado.
Lo que discute la entidad es que sin existir diseños finales el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT otorga la licencia ambiental, desconociendo que son los diseños finales los que definen las condiciones y características de las obras o actividades a licenciar y sus impactos sobre los recursos naturales y del ambiente y de los cuales se deriva el otorgamiento o no del proyecto y su respectivo Plan de Manejo Ambiental.
El proceso auditor seguido es absolutamente garantista y en el mismo se siguieron todas etapas y procedimientos establecidos en la Guía de Auditoría de Cumplimiento, la cual ha sido elaborada con base en Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, conocidas como ISSAI y que rigen la actuación de la Contraloría General de la República.
La ANLA como EPM tienen otros escenarios para desvirtuar lo evidenciado, ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.