Contrato de brazaletes electrónicos: nuevamente bajo la lupa de las autoridades

La W conoció una denuncia enviada a la nueva ministra de Justicia, Gloria Maria Borrero, en la que miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) nuevamente denuncian irregularidades en el millonario contrato de los brazaletes electrónicos para internos que se encuentran cobijados con detención domiciliaria.

Esta emisora conoció fotografías y videos de los que serían los nuevos brazaletes que van a ser utilizados para monitorear a esta población carcelaria.

En las imágenes, los brazaletes aparecen quemándose o con evidentes daños en el dispositivo.

Según los dragoneantes, las manillas electrónicas no funcionan, ya que no avisan a los encargados de hacer el monitoreo cuando un interno se la ha quitado o cuando está fuera del perímetro de su lugar de reclusión.

Por otro lado, funcionarios del Inpec también han denunciado que el contratista Unión Temporal de Tecnología Avanzada, empresa a la que le fue adjudicado el contrato de vigilancia electrónica, utilizará vehículos particulares (es decir, con placa amarilla) para instalar los nuevos brazaletes.

En estos carros se transportará a los funcionarios públicos encargados de la seguridad de los internos, aunque cabe señalar que estos no cuentan con pólizas de seguridad civil contractual o extracontractual.

Sin embargo, en los pre-pliegos se garantizaba que los vehículos empleados para tal fin debían ser de servicio público especial (placas blancas).

Posteriormente, en la Uspec se publicaron los pliegos modificados donde se garantizaba que se podrían usar carros particulares (placa amarilla) siempre y cuando tuvieran pólizas de responsabilidad de daños contra terceros. Esto exige entonces que se entregue una “póliza de responsabilidad civil contractual”, la cual no se da a carros con placa amarilla que, para el desarrollo de su actividad lucrativa, trasladen personal diferente a los empleados del contratista.