Habla por primera vez Carlos Albornoz, exdirector de la DNE

La W conoció en exclusiva los argumentos y pruebas que habrían sido claves para que Albornoz probara su inocencia en el caso de la Granja 32 y que además habrían dejado al descubierto serias irregularidades en el manejo del caso por parte de la Fiscalía.

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Según la Fiscalía, Albornoz habría incurrido en los delitos de prevaricato y peculado en el proceso de venta de un predio ubicado en Cota, denominado Granja 32. Argumentaba el ente acusador que el bien se habría vendido por un valor muchísimo inferior al avalúo real y que por cuenta de ello Albornoz se habría lucrado irregularmente en el proceso.

Según la Fiscalía, el costo del predio ascendía a cerca de 3.200 millones de pesos, mientras que la venta realizada por la DNE al señor Tito Arcadio Perilla apenas alcanzó los 1.200 millones. Sin embargo, los señalamientos de la Fiscalía perdieron rápidamente su sustento por cuenta de decisiones tomadas por otros entes de control.

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En primer lugar, la Procuraduría General terminó el proceso disciplinario que se adelantaba contra Albornoz al encontrar que la enajenación del bien inmueble cumplió con los protocolos establecidos en el instructivo para la enajenación y administración de activos del FRISCO. Escuchemos al procurador del caso:

Los avalúos fueron claves para desmontar los señalamientos de la Fiscalía pues más allá de aquel realizado por peritos del ente acusador y otro encargado por la hermana del antiguo propietario de la Granja 32, todos los avalúos realizados de manera independiente dieron cifras que se acercaban al valor por el que se vendió la llamada Granja 32.

Estos fueron los avalúos que usó la Fiscalía:

Tribunal Administrativo de Cundinamarca  (2007)  fue de 3.435 millones

Peritos Fiscalía (2013) 3.233 millones

Estos fueron los que presentó la defensa

Banco Santander (2009) 1.584 millones

International Assets Valuation Colombia LTDA (2009) 1.624 millones

Lonja Inmobiliaria de Chia 1.587 millones

IGAC (2014) 1.890 millones

La Fiscalía argumentó que Albornoz conocía el avalúo del Tribunal de Cundinamarca y debía haber hecho la venta por ese valor. Sin embargo, el acusado aseguró no conocerlo y por ello preguntó en una audiencia a la fiscal Salomé Marrugo qué pruebas tenían y esto fue lo que pasó:

La fuente humana de la que habló la fiscal Marrugo nunca fue descubierta. Es decir, nunca se presentó.

A esto se terminaron sumando cuatro informes de la Contraloría General que salvaban a Albornoz de cualquier responsabilidad por detrimento en el proceso de venta de la Granja 32.

El 28 de marzo el 2014 la contralora delegada Diana del Pilar Amézquita archiva por ausencia de mérito el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba contra Albornoz.

Un mes después, la misma Contralora General de la Republica, Sandra Morelli, confirmó la decisión de Amézquita. 

Fue en ese momento que el entonces vice fiscal general Jorge Perdomo anunció imputación de cargos en contra de la funcionaria de la Contraloría que había emitido la primera decisión en el caso de la Granja 32.

También en audiencia del caso, la fiscal Salomé Marrugo anunció que un anónimo allegado a la Fiscalía denunciaba irregularidades en la investigación adelantada por la Contraloría.

 El anónimo mencionado por la fiscal Marrugo nunca fue presentado por la Fiscalía.

 En otra ocasión el fiscal Jaime Zetién también descalificó el trabajo adelantado por la contraloría de esta manera

A pesar de que el vice fiscal Perdomo anunció la imputación de cargos contra la contralora Amézquita, esta nunca sucedió y en consonancia el proceso fue precluído.

Así empezó a derrumbarse el caso para la Fiscalía. Y ya no hubo como justificar los señalamientos contra Albornoz cuando se realizó una nueva auditoría por parte de la Contraloría General, que determinó nuevamente la no existencia de daño al patrimonio del estado en el proceso de venta de la Granja 32.