Empresas transportadoras e ingenio azucarero serían los clientes de “chuzadas”
Las evidencias de la Fiscalía contra las "chuzadas" ilegales comprometen al general Humberto Guatibonza, dos empresas de mensajería y un ingenio azucarero.
Hoy en Cali continuará la audiencia para definir si se envía a la cárcel a los tres militares retirados y una mujer implicada. Foto: Erika Rebolledo (W Radio)
Este lunes 6 de agosto continúan las audiencias de medida de aseguramiento contra la exfuncionaria del Ministerio de las TIC, María Alicia Pinzón Montenegro y tres oficiales retirados del Ejército Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga Cubillos, señalados de estar detrás de la red de interceptaciones telefónicas a civiles y políticos.
Los procesados capturados el pasado viernes 3 de agosto no aceptaron los cargos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado, que le fueron imputados durante la audiencia pública, que se realizó en el Palacio de Justicia de Cali.
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Según el relato de la fiscal del caso, por entregar registros de llamadas telefónicas, WhatsApp, Telegram, información de correos electrónicos entre otros datos privados, la organización cobraba sumas entre los $150.000 y tres millones de pesos.
Las evidencias de la Fiscalía contra las chuzadas ilegales de esta organización que inició en Nariño comprometen al general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza.
En una conversación, exigían “que rastrearan mensajes en WhatsApp para confirmar una infidelidad de la pareja de un amigo abogado” del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Igualmente, se conocieron nombres de empresas y políticos que estarían contratando los servicios de interceptación de comunicaciones.
Entre los posibles clientes se mencionan al alcalde de Ipiales, Ricardo Romero Sánchez, su hijo Camilo Romero gobernador del departamento de Nariño, así como las empresas de mensajería Servientrega, TCC y el ingenio azucarero Incauca.
Durante la audiencia la defesa de la ingeniera, María Alicia Pinzón Montenegro, señalada de ser el ‘cerebro’ de la organización, anunció su deseo de colaborar con la justicia a cambio de recibir beneficio de casa por cárcel.
Este 6 de agosto, en Cali, continuará la audiencia para definir si se envía a la cárcel a los tres militares retirados y una mujer implicada.