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Niegan libertad de exsecretario de Hacienda de Meta por caso de corrupción en Llanopetrol

El exfuncionario pretendía recobrar la libertad argumentando vencimiento de términos procesales.

Niegan libertad de exsecretario de Hacienda de Meta por caso de corrupción en Llanopetrol. Foto: Colprensa

Niegan libertad de exsecretario de Hacienda de Meta por caso de corrupción en Llanopetrol. Foto: Colprensa(Thot)

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 25 Penal de garantías de Bogotá negó la libertad al exsecretario de Hacienda de Meta, Jairo Iván Frías Carreño, quien es investigado como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La fiscal delegada anticorrupción indicó al juez que no se ha cumplido el vencimiento de términos alegada por la defensa, y que en consecuencia no podría recobrar la libertad. Además, la bancada de la defensa, mediante maniobras judiciales, ha provocado esta situación retardando el trámite de las audiencias.

“Desde la presentación del escrito de acusación, el 14 de septiembre de 2017 se han solicitado tres aplazamientos, el primero el 5 de diciembre de 2017, el otro el 25 de enero de 2018 y el último del 22 de febrero de 2018, todos por cuenta de la bancada de la defensa, lo que implica un retraso en las audiencias de juicio en más de 173 días”, sostuvo el juez al acoger la petición de la delegada de la Fiscalía.

En total son cuatro personas investigadas por las presuntas irregularidades registradas en la contratación de los estudios de pre-factibilidad para la construcción de la refinería de Meta, entre 2012 y 2015.

Ellas son Luz Stella Casasfranco Vanegas, Ricardo Rodríguez Henao y Hernando Martínez Aguilera, funcionarios de la Gobernación de Meta para la época de los hechos. Actualmente su proceso se encuentra en etapa de preparatoria de juicio.

Los investigadores de la Fiscalía han recopilado material y evidencia física que demostraría un presunto detrimento patrimonial de $26.000’000.000.

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