Santa Marta gana millonaria demanda a la concesión del Mercado Público
La indemnización corresponde a la suma de 28.000 millones de pesos.
Santa Marta gana millonaria demanda a la concesión del Mercado Público. Foto: Alcaldía de Santa Marta
El Distrito de Santa Marta fue exonerado de pagar una suma cercana a los 28.000 millones de pesos. Esta suma era reclamada por la empresa concesionaria del Mercado Público de la ciudad, por cuenta de la cuestionada concesión otorgada en el año 2002, durante la administración de Hugo Gnecco.
Durante años, esa cuestionada contratación se constituyó en el gran “elefante blanco” de Santa Marta, por lo que durante más de una década se comercializaron los productos en la calle, sin las debidas condiciones de higiene, seguridad y salubridad, poniendo en riesgo la salud y el medio ambiente.
En el 2015, la justicia administrativa decretó medidas cautelares, con lo que se permitió tomar posesión de los inmuebles y de la infraestructura construida por la empresa contratista.
Finalmente, luego del debate judicial, en el curso de una acción popular iniciada por el ex alcalde Carlos Caicedo, se logró que los bienes de uso público se reintegraran al Distrito –que recuperó su propiedad– y además se puso fin a dicho contrato.
La empresa concesionaria, como consecuencia de lo anterior, demandó al Distrito de Santa Marta y pidió el pago de indemnización de perjuicios por una suma superior a los 32.000 millones de pesos.
Luego de una férrea defensa, la indemnización finalmente reconocida por la justicia arbitral fue por una suma cercana a los 5.000 millones de pesos como reconocimiento de los costos en que incurrió el contratista en el diseño y construcción de la edificación donde actualmente funciona el Mercado.
En esta, además, se descontó lo pagado por el Distrito al contratista por cuenta de un fallo arbitral proferido en el año 2005 y por el que se pagó en el año 2009 una suma aproximada de 12.000 millones de pesos.
De esta forma, se logró que el Distrito se ahorrara más de 28.000 millones de pesos que pretendía el contratista, al igual que la ciudad recuperó la propiedad de tres predios que estaban en manos de particulares en contra de una clara prohibición constitucional.