“Es preferible ver a los guerrilleros capacitándose y no matando gente”

Villagarzón, Putumayo, 29 de mayo de 2018 (@AgenciaTierras). A sus 56 años, Nohemí Delgado no tiene claro aún qué es el conflicto armado en Colombia. O al menos eso se deduce de los hechos de violencia que le han sucedido en los últimos 20 años y que ella todavía no olvida.

Junto a su esposo, Amador Rodríguez, Delgado empezó a ser extorsionada por supuestos integrantes de las otrora guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o Farc. Corría más o menos 1995 y el departamento de Putumayo, en el sur del país, era un verdadero polvorín. La guerra lo tenía contra las cuerdas y a sus habitantes también.

Rodríguez trabajaba en un banco de Mocoa, la capital de Putumayo, y Delgado, en tanto, estaba dedicada a mañana, tarde y noche a la crianza de Maritza y Marda, sus dos hijas, entonces menores de edad.

Los ilegales empezaron por pedirles a los Rodríguez Delgado una cifra de dinero que a ellos no les cabía en la cabeza. Como pudieron, incluido un préstamo en el banco, recogieron 12 millones de pesos y se los entregaron a los entonces rebeldes. Pero, a decir verdad, ellos no tenían con qué pagar la deuda en que se habían metido para salvar sus vidas.

“Nosotros de dónde íbamos a sacar esa plata”, indicó Delgado, quien ante las estrecheces económicas por las que atravesaba su casa no tuvo alternativa distinta a ponerse a trabajar en un centro educativo. Las peores noticias, sin embargo, estaban por llegar para la familia: el 27 de noviembre de 1997, Amador Rodríguez, entonces de 45 años, fue asesinado en Mocoa luego de un atraco callejero. Un hombre se le arrimó y le pidió 20.000 pesos. Él le dijo que no los tenía. Entonces le descerrajó dos tiros en la cabeza. El homicida fue condenado a 20 años de prisión. Escasamente pagó 10.

“La muerte de Amador me cambió la vida en un cien por ciento. Quedé como una madre soltera”, comentó Delgado, quien pese a las adversidades no se arredró y se dedicó a sacar adelante a sus dos hijas. “Empecé a hacer y a vender sancochos de gallina y tamales. Gracias a Dios cumplí con mi sueño: mis dos hijas son médicas hoy en día, agregó Delgado, con la voz entrecortada, pero de satisfacción.

El martes, Delgado tuvo otro buen día cuando la Agencia Nacional de Tierras le entregó el título que la acredita como la dueña de dos hectáreas –en la vereda La Caferina del municipio putumayense de Villagarzón– en el marco del programa Formalizar para Sustituir que incentiva a las familias que en el pasado tuvieron que ver con cultivos ilícitos o que, como en el caso de Delgado, habiten en zonas del país donde eventualmente puedan ser víctimas de este flagelo.

El programa Formalizar para Sustituir, igualmente, es una estrategia que disminuye la informalidad en la tenencia de la tierra y tiene como propósito reducir la vulnerabilidad territorial y evitar la proliferación de cultivos ilícitos.

La Agencia de Tierras, por medio del mencionado programa, tiene focalizados 30 municipios de 14 departamentos y busca favorecer a 7.300 familias. Veinte de estos 30 municipios corresponden a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ahora Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación para guerrilleros pacificados.

En este programa se están invirtiendo más de 13.000 millones de pesos en todo el territorio nacional.

“En todo el país, en solo dos años de trabajo, la Agencia de Tierras ha formalizado 1’470.000 hectáreas con 37.550 predios en beneficio de 40.470 familias, familias que con el título en la mano pueden acceder a créditos para sus proyectos, a subsidios de vivienda, a asistencia técnica, entre otros apoyos del Estado”, explicó en la jornada el director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper Strouss.

En la ciudad de Popayán, el funcionario estuvo acompañado por el vicepresidente Óscar Naranjo Trujillo en la entrega de los títulos de propiedad a 626 familias campesinas de 14 municipios del departamento de Cauca.

En Villagarzón, aparte de la familia de Delgado, otras 125 recibieron los títulos de propiedad de sus tierras en un nutrido y emotivo acto celebrado en Casa Betania. Los 126 documentos fueron entregados a campesinos de Orito, La Hormiga, Puerto Asís y Villagarzón.

“Vamos a ver si en esa tierrita montamos una cabañita para alquilarle a turistas. También quiero hacer un criadero de peces”, indicó Delgado, quien llamó la atención sobre la muerte de su esposo: las autoridades le dijeron que no tenía derecho a ninguna indemnización económica porque el asesinato de 1997 no tenía relación con el conflicto armado. “Si a uno le matan una persona, entonces uno es víctima. Para mí, las víctimas no solo son de la guerrilla o de los paramilitares”.

Delgado, una mujer de modales delicados y de hablar fluido, dijo finalmente que hace muchos años enterró los rencores. No tiene odio ni por los que en una época la extorsionaron a ella y a su familia ni por el hombre que mató a su marido.

“El que odia es el que sufre”, enfatizó Delgado durante una extensa entrevista con la oficina de prensa de la Agencia de Tierras. “Con odiar al hombre que mató a mi esposo, no lo voy a resucitar. Y con odiar a los que me extorsionaron, no voy a recuperar mi plata. Así que estoy totalmente tranquila”.

Y sobre el proceso de paz que sellaron en La Habana el gobierno nacional y las Farc, Delgado observó que “es preferible que esos señores (de la guerrilla) no paguen cárcel y se capaciten, a verlos por ahí matando gente, a verlos matando militares”.