Juez legaliza capturas de funcionarios y contratistas de Cardique por corrupción

Después de siete horas de estar suspendida, a las 6:25 de la tarde de este miércoles 23 de mayo, el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Cartagena empezó la audiencia en la que, a eso de las 10:35 de la noche, legalizó la captura de cuatro funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y de dos contratistas de la entidad.

Estas personas fueron capturadas el 22 de mayo en medio de un operativo de la Dijín y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, por su presunta vinculación a un cartel de contratación en esa entidad.

Según la investigación, esto habría causado un detrimento de 27.900 millones de pesos.

Los capturados son:

1. El director de Cardique, Olaff Puello Castillo
2. La secretaria de Planeación de la entidad, Katherine Martelo Fernández
3. Las supervisoras de contratos Dalys Herrera Vargas y Saray Hernández Durán
4. Los contratistas Bernabé Maldonado Maldonado y Fredy Rodgers

Todos los funcionarios de Cardique son acusados por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía, contrató sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdo restrictivo de la competencia y concierto para delinquir.

Mientras tanto, a los contratistas les imputan peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.

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Petición de ilegalidad fue negada

En medio de la audiencia de legalización de captura, la defensa de todos los indiciados presentó ante el juez argumentos para declarar la ilegales de las capturas y permitir la posterior libertad de sus clientes, a excepción del apoderado de Fredy Rodgers.

En todos los casos, el argumento de los defensores era el de violación al derecho a la expectativa razonable de privacidad que se tiene, según los abogados, cuando un profesional se encuentra en una oficina. Además, argumentaron los abogados defensores que la Fiscalía debió llevar órdenes de allanamiento y registro para poder efectuar las capturas.

Tras escuchar dichos argumentos, el juez consideró que sí fueron legales todas las órdenes de captura que se efectuaron en este caso, una decisión que solo fue apelada por el abogado Fernando Aza, defensor de Puello.

Para este 24 de mayo quedó agendada la audiencia en la que le serán imputados los delitos antes mencionados a los funcionarios públicos y a los contratistas de Cardique.

¿Una estrategia que no prosperó?

La audiencia contra estos funcionarios, enredados en unos 220 contratos irregulares de 2016, empezó a las 11:20 de la mañana y, por reparto, le había tocado a la Jueza Tercera Penal Municipal, Yuris Ponce Fernández, sin embrago, apenas los indiciados reconocieron a sus abogados defensores, uno de ellos recusó a Ponce.

Se trata del abogado David Sandoval, defensor de la capturada Katherine Martelo, quien tiene como abogado suplente Enrique del Río. Sandoval solicitó a Ponce declararse impedida porque él representa a Edgardo Deulofeo Cervantes, quien se quejó de algunas actuaciones de la Jueza y por cuya queja le siguen un proceso disciplinario.

Tras conocer de la recusación de Sandoval, la jueza Ponce suspendió la audiencia para estudiar su presunto impedimento y al regreso reconoció estar impedida y dejó en disposición del juez que le siguiera en turno la audiencia.

Pero ante aclaró desde el estrado que fue notificada del proceso en su contra el pasado 21 de marzo, pero que en esa fecha quien representaba a Deulofeu no era el Sandoval, sino otro abogado y que nunca le notificaron sobre el cambio de representantes de Deulofeu, por lo que al momento de tomar el caso de los empleados y contratista de Cardique no conocía ningún impedimento.

Ante esto se comentó, tanto en la sala de audiencias como fuera de la misma, que se trataba de una estrategia de Sandoval y de Del Río, para detener la audiencia y que pudieran cumplirse los términos de 36 horas para legalizar las capturas y su clienta, al igual que los demás detenidos, quedaran en libertad.

Sin embargo, a las 3 de la tarde se reanudó la audiencia y en la misma el Juez Sexto Penal de Control de Garantías la declaró suspendida, porque, según explicó en la audiencia, no consideraba impedida a la jueza Ponce. Esta medida hizo pensar tanto a la Fiscalía, como a entendidos en la materia que esperaban a las afueras de la sala, que la supuesta estrategia de la defensa de Martelo se estaba configurando.

Pero, a eso de la 6 de la tarde, el un Juez del Circuito estudió el caso de la suspensión de la audiencia y a las 6:25 de la tarde, el Juez Sexto retomó la audiencia en la que, una hora y media antes de que se vencieran las 36 horas, fueron declaradas legales las capturas.

La W conversó con Sandoval y con Del Río sobre la supuesta estrategia que se les cayó en este caso, pero ambos coincidieron en afirmar que más que una estrategia se trató de una exigencia legal que consideraron necesaria hacer.

“Para nada se puede inferir que esto haya sido una estrategia dilatoria porque el juez en turno pudo seguir de inmediato, en máximo media hora, con la audiencia. Además, la legalidad fue dada casi dos horas antes de que se cumplieran los términos”, nos detalló Sandoval.