Cárcel a funcionarios públicos de Cartagena por permitir construcciones ilegales

En audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, cumplida la tarde de ayer 23 de mayo, el juez Primero Penal Municipal Ambulante de Cartagena ordenó cárcel para los funcionarios de la Alcaldía Local 3 Gilberto Marrugo Maldonado y Ricardo Castellar Pérez.

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A ambos, la Fiscalía les imputó los delitos de urbanización ilegal y cohecho propio por los presuntos cobros de sobornos para permitir la construcción de edificios ilegales en varios sectores de la ciudad.

En las audiencias, la Fiscalía mostró que estas dos personas visitaban mensualmente las obras de varios edificios de ilegales de la ciudad para, al parecer, recibir sobornos. Entre estos se encontraba Blas de Lezo II, el edificio que colapsó hace un año causando la muerte de 21 personas.

Además de las pruebas de la Fiscalía, tanto Marrugo como Castellar fueron mencionados en testimonio de otros implicados en este caso de construcciones ilegales como las personas a las que les pagaban dineros, cuando hacían visita de rigor en las construcciones.

Los dos funcionarios detenidos fueron trasladados a la cárcel de Sabanalarga, Atlántico.

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¿UNA ESTRATEGIA QUE NO PROSPERÓ?

La audiencia contra estos funcionarios, enredados en unos 220 contratos irregulares de 2016, empezó a las 11:20 de la mañana y, por reparto, le había tocado a la jueza Tercera Penal Municipal, Yuris Ponce Fernández, sin embargo, apenas los indiciados reconocieron a sus abogados defensores, uno de ellos recusó a Ponce.

Se trata del abogado David Sandoval, defensor de la capturada Katherine Martelo, quien tiene como abogado suplente Enrique del Río. Sandoval solicitó a Ponce declararse impedida porque él representa a Edgardo Deulofeu Cervantes, quien se quejó de algunas actuaciones de la jueza y por cuya queja le siguen un proceso disciplinario.

Tras conocer de la recusación de Sandoval, la jueza Ponce suspendió la audiencia para estudiar su presunto impedimento y al regreso reconoció estar impedida y dejó en disposición del juez que le siguiera en turno la audiencia.

Pero ante aclaró desde el estrado que fue notificada del proceso en su contra el pasado 21 de marzo, pero que en esa fecha quien representaba a Deulofeu no era el Sandoval, sino otro abogado y que nunca le notificaron sobre el cambio de representantes de Deulofeu, por lo que al momento de tomar el caso de los empleados y contratista de Cardique no conocía ningún impedimento.

Ante esto se comentó, tanto en la sala de audiencias como fuera de la misma, que se trataba de una estrategia de Sandoval y de Del Río, para detener la audiencia y que pudieran cumplirse los términos de 36 horas para legalizar las capturas y su clienta, al igual que los demás detenidos, quedaran en libertad.

Sin embargo, a las 3 de la tarde se reanudó la audiencia y en la misma el Juez Sexto Penal de Control de Garantías la declaró suspendida, porque, según explicó en la audiencia, no consideraba impedida a la jueza Ponce. Esta medida hizo pensar tanto a la Fiscalía, como a entendidos en la materia que esperaban a las afueras de la sala, que la supuesta estrategia de la defensa de Martelo se estaba configurando.

Pero, a eso de la 6 de la tarde, el un Juez del Circuito estudió el caso de la suspensión de la audiencia y a las 6:25 de la tarde, el Juez Sexto retomó la audiencia en la que, una hora y media antes de que se vencieran las 36 horas, fueron declaradas legales las capturas.

La W conversó con Sandoval y con Del Río sobre la supuesta estrategia que se les cayó en este caso, pero ambos coincidieron en afirmar que más que una estrategia se trató de una exigencia legal que consideraron necesaria hacer.

“Para nada se puede inferir que esto haya sido una estrategia dilatoria porque el juez en turno pudo seguir de inmediato, en máximo media hora, con la audiencia. Además, la legalidad fue dada casi dos horas antes de que se cumplieran los términos”, nos detalló Sandoval.