Procesados por fraude en programas de atención a adultos mayores alcanzan preacuerdo
Estas personas aceptaron su participación en delitos contra la administración pública.
Fue avalado el preacuerdo para las personas investigadas por irregularidades presentadas en la adjudicación de cuatro contratos por $700’000.000. Foto: Getty Images
El Juzgado 5° Penal del Circuito de Pereira (Risaralda) avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y los defensores del exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira para el año 2016, Jhon Jairo Lemus y de otras cinco personas, investigadas por irregularidades presentadas en la adjudicación de cuatro contratos por $700’000.000 que tenían como objeto la atención de los adultos mayores.
Los procesados aceptaron su participación en delitos contra la administración pública y en ese sentido, recibirán diferentes condenas de acuerdo con el tipo de participación que tuvieron.
Así, las condenas procederán de la siguiente manera:
- Jhon Jairo Lemus será sentenciado a 60 meses de prisión (5 años)
- Diana Carolina Sánchez Lema, exsecretaria de Población Vulnerable, cumplirá 73 meses (6 años)
- Alejandro Ospina Coll, funcionario de la Alcaldía de Pereira para el momento de la captura, sería condenado a 48 meses (4 años)
- Libardo López Guerrero, representante de la Fundación Fundacol, recibiría 57 meses y 15 días de prisión.
A otros procesados como Diana Inés García Benítez, interviniente y Carlos Alberto Valencia, representante de la Fundación Jóvenes del Presente, se les impondrán sentencias de 48 meses y 39 meses, respectivamente.
El próximo 4 de mayo será la lectura de sentencia.
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Los hechos
Las personas involucradas en este caso de corrupción fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Risaralda, el 16 de mayo del año 2017, luego de una compulsa de copias por parte de la Personería Municipal de Pereira y diversas verificaciones hechas por el ente acusador, en las que quedaron en evidencia irregularidades en las etapas precontractual, contractual y de ejecución de contratos para la atención integral de 93 adultos mayores.
En su momento, los exfuncionarios y contratistas fueron imputados por diversos delitos como: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
La policía judicial adscrita al grupo de Administración Pública de la Fiscalía Seccional recolectó elementos que pusieron al descubierto un andamiaje delictivo entre funcionarios y contratistas, en el que fueron creadas entidades carentes de idoneidad para contratar, se presentaron facturas y cuentas de cobro falsas para el pago de terapeutas y sicólogos; y suscribieron convenios con hogares de atención inexistentes.
Adicionalmente, quedó demostrado que los hoy sentenciados hicieron compras ficticias de dotaciones, camas y alimentos, entre otros productos para el cuidado integral de los adultos mayores, transacciones que no tuvieron soporte ni sustento legal. También registraron a adultos mayores fallecidos o expulsados como beneficiarios vigentes.
Es de anotar que por estos mismos hechos fue condenada a cinco años de prisión Lina María Franco Sierra, representante legal de la Fundación Sexto Sol, entidad que tampoco acreditó la experiencia ni los requisitos de ley exigidos para la celebración de contratos con el Estado.