Fiscalía pide a Judicatura investigar a juez que dejó en libertad a alcalde de Girardot

El director especializado contra la corrupción, José Alberto Salas, envió una carta al presidente de la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la que relaciona las posibles irregularidades advertidas dentro del proceso contra el exalcalde, el actual alcalde y un funcionario de la Alcaldía de Girardot (Cundinamarca).

Así, Salas pide investigar las conductas de los responsables de la dilación injustificada y consecuente obtención de la libertad de los procesados.

Las razones son las siguientes:

1. Se formuló imputación contra los implicados el 29 de septiembre, 10 de octubre y 22 de noviembre de 2016, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector.
2. Dentro del término legal, el 29 de abril de 2017 se realizó la formulación de acusación por la Fiscalía. La defensa de los acusados basó su estrategia en la dilación de la actuación, con el consentimiento del Juez Segundo del Circuito de Conocimiento de Girardot, pues las observaciones y descubrimiento de elementos materiales probatorios de la Fiscalía se surtió entre esa fecha y el 6 de diciembre de 2017.
3. Desde entonces hasta hoy, no se ha culminado la lectura de documentos por parte de la defensa de los procesados.
4. De manera verbal en audiencia y por escrito, en repetidas ocasiones, la Fiscalía le solicitó al señor Juez, celeridad en el trámite del proceso, peticiones no escuchadas por dicho funcionario.
5. El 15 de febrero de 2018, un juez de control de garantías de Girardot, concedió libertad por vencimiento de términos en favor del exalcalde, Diego Escobar Guinea.
6. Lo mismo ocurrió el pasado 9 de marzo, cuando una juez concedió libertad al alcalde actual de Girardot, Cesar Fabián Villalba y al almacenista de la localidad, William Sánchez Orjuela.
7. Los seguidores de los investigados ejecutaron actuaciones hostiles en contra de los servidores de la Fiscalía adscritos a la Dirección Especializada contra la Corrupción, que siempre asistieron a las audiencias convocadas. Por lo anterior, el desplazamiento a ese municipio exigió la salvaguarda de su integridad por servidores de la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación.
8. Por la falta de garantías en el desarrollo del proceso, se solicitó cambio de radicación del mismo y fue enviado a la Honorable Corte Suprema de Justicia para la decisión correspondiente.