CIDH califica como "una bofetada" el indulto concedido a Fujimori

La comisionada Margarette May Macaulay, relatora de los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que “el indulto humanitario (al expresidente Alberto Fujimori) es una bofetada porque borra su condena”.

“Este es un acto realmente preocupante. Se debe demostrar respeto por la dignidad de aquellos que han sufrido”, añadió Macaulay durante la última audiencia del 167 periodo de sesiones de la CIDH, que se llevó a cabo en Bogotá.

Carlos Rivera Paz, director del Instituto de Defensa Legal de Perú, dijo que no revocar la medida -otorgada el 24 de diciembre pasado por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski- “podría constituirse en un obstáculo para la investigación”.

Además, el representante de la sociedad civil recalcó que el beneficio “es una farsa por la irregularidad en los procedimientos, por la inexistencia de una causa médica real y por las causas políticas que el mismo presidente ha expuesto públicamente”.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), añadió que el indulto a Fujimori corresponde una “violación de múltiples de derechos fundamentales, impidiendo una sanción adecuada y tiene impactos sobre otras investigaciones y procesos”.

“Concordamos con la Corte, el riesgo a la salud de un condenado puede requerir medidas alternativas, pero reiteramos que el perdón de la pena es una medida que no corresponde con los crímenes contra la humanidad”, aseveró Krsticevic.

“El indulto a Fujimori fue una bofetada para las víctimas en general y una burla para la justicia. Se da el indulto como parte de un pacto político. Es muy doloroso y esperamos que la Corte IDH ordene revertir esta medida”, le reiteró la directora de Cejil a la Agencia Anadolu.

Los representantes del Estado peruano desestimaron la realización de las audiencias de la Comisión, puesto que, argumentaron, el caso está aún bajo jurisdicción de la Corte IDH.

“Se estaría dando una contradicción”, dijo el abogado Adrián Simons Pino, quien añadió que “el Estado peruano ve con preocupación y malestar por la incompetencia de la Comisión” al respecto.

Además, recalcaron que “no existe obligación en la jurisdicción interna de oír a las víctimas, porque prima la salud del condenado”.

“El Estado respeta el dolor de las víctimas, pero considera que no es sano que el duelo no tenga fin, pues corre el peligro de transformarse en rencor”, dijo Jorge Villegas, también abogado del Estado.

“El Estado apuesta por la reconciliación, pero sin el olvido, por lo que reitera su preocupación y malestar por el proceder de la Comisión y considera que los argumentos utilizados por la misma para convocar la audiencia, han sido rebatidos”, expuso Villegas.

El comisionado Joel Hernández García respondió a los representantes del Estado y reiteró la preocupación en la región por las medidas otorgadas.

Pidió, igualmente, que se informara sobre el derecho de gracia para conocer el curso que podría tomarse sobre el caso Pativilca.

“El duelo no puede tener fin mientras no haya justicia y reparación”, recalcó la comisionada Antonia Urrejola.

Los representantes de la sociedad civil pidieron a la CIDH reafirmar su posición sobre el indulto, que se reúna con las víctimas y que inste a las autoridades peruanas a que “revisen” su labor, con el fin de evitar impunidad.

Asimismo solicitaron una recomendación general acerca de cómo el indulto o medidas alternativas en casos de graves violaciones de derechos humanos “son terribles precedentes de impunidad en la región”.

Por los casos de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en los que el Ejército peruano asesinó a 16 personas, y en el que un profesor y nueve universitarios desaparecieron, la justicia peruana ordenó la detención de Fujimori en el año 2000, y en el 2005 fue detenido en Chile.

Dos años después se aprobó su extradición a Perú. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009. Sin embargo, el 24 de diciembre del año pasado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski otorgó un indulto argumentando razones de salud.