Aplazada para enero la lectura de sentencia contra responsables del desplome de Space

El próximo 18 de enero, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento adelantará, a las 9:00 a.m, la audiencia de lectura de fallo contra de Pablo Villegas Mesa, representante legal de Lérida CDO S.A., María Cecilia Posada, directora de proyectos de la constructora y Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero estructuralista del Conjunto Residencial Space, por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor.

Recordemos que debido a que la pena por homicidio culposo oscila entre dos y cinco años de prisión, y además se trata de un delito excarcelable, los tres sindicados, contra quienes el pasado 11 de octubre se emitió sentido de fallo condenatorio, conservan su derecho a la libertad.

Ángela Cantor, hermana del joven universitario que falleció el 12 de octubre de 2013 junto con otras 11 personas tras el desplome de la torre 6 del Edificio Space, manifestó que aspira a que esto “les sirva para que tomen conciencia”.

“Ojalá esta situación marque un precedente para la ciudadanía, para que no permitamos que sigan pasando estos atropellos y que las personas que construyen ilegalmente no puedan tener su licencia como si nada y no pase nada. Para nosotros, que los priven de la libertad, no es algo que nos dé satisfacción, ni era lo que perseguíamos. Perseguíamos la verdad y la justicia”, dice Cantor.

Cabe recordar que, según el informe técnico presentado por la Fiscalía General de la Nación, hubo más de 6.000 errores en la construcción del edificio Space, incluso desde las etapas de diseño y cálculo. Además, hubo graves fallas en la utilización y mezcla de los materiales utilizados.

Según las pruebas obtenidas por el organismo investigador, la obra fue diseñada sin el respeto por las normas de sismo resistencia expedidas en los años 1998 y 2002.  Lo anterior, lleva a concluir que “si se hubiera dado un sismo, el edificio no hubiese aguantado”, como lo revela el informe de los peritos.

Así mismo, la juez, durante la audiencia celebrada en el mes de octubre de 2017, recapituló que la infraestructura no había sido diseñada para el rendimiento menor de cargas, pues no era apto para soportar su propio peso, ni las cargas vivas y muertas. Así mismo, presentaba defectos ostensibles de cálculo y diseño estructural.

Los familiares de las otras 11 personas fallecidas en el desplome de la infraestructura fueron indemnizadas de manera integral por la firma constructora y, en consecuencia, la Fiscalía precluyó la investigación por esos homicidios.