La W Radio

Actualidad

Medimás estaría usando el dinero que el Estado paga por los usuarios para otros fines

Mensualmente, Medimás recibe $320 mil millones. Según el procurador Fernando Carrillo, este dinero se estaría usando para pagar, por ejemplo, la compra de Cafesalud.

Medimás estaría usando el dinero que el Estado paga por los usuarios para otros fines. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo

La Procuraduría General identificó una posible utilización de los recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es el dinero que el Estado destina para la atención de cada usuario que está afiliado a esa Eps, en el pago por la adquisición de Cafesalud.

Según el Ministerio Publico, mensualmente Medimás recibe 320 mil millones de pesos que estarían siendo destinados para fines distintos a la atención en salud. Y según indicó el procurador Fernando Carrillo, este dinero se estaría usando para pagar, por ejemplo, la compra de Cafesalud.

La Procuraduría General de la Nación compulsará copias a la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre las nuevas irregularidades en el funcionamiento de la EPS Medimás e incumplimientos al proceso de venta de Cafesalud.

El procurador general, Fernando Carrillo, anunció la entrega a las autoridades de “nuevos hallazgos que tienen que ver con una red de salud que sigue siendo muy débil, con problemas alrededor de la sociedad Medimás, el cambio de la composición accionaria de la misma, y con la presunta utilización de los recursos de la salud de los colombianos para fines distintos de mejorar la prestación del servicio”.

Carrillo Flórez destacó la importancia de que se vigile el uso sobre los recursos que recibe Medimás por UPC (Unidad de Pago por Capitación) - valor mensual que recibe la EPS por cada afiliado con destino a la atención en salud.

“Por eso es tan importante que sigamos vigilantes entre todos, para que esos recursos de los colombianos, que son públicos y no están simplemente en un negocio privado, se destinen a la mejora de la prestación de los servicios en los usuarios y a la defensa del derecho a la salud de los ciudadanos”.

No vamos a permitir que se repita la historia de Saludcoop o de Cafesalud. La administración de los recursos públicos de la salud debe ser transparente y rigurosa de acuerdo con el marco legal vigente, especialmente para que no se destinen a otros fines y se desfinancien los servicios de salud”, insistió el Procurador.

Sostuvo el jefe del Ministerio Público que casi 5 meses después de las primeras alertas por parte de la Entidad, todavía se mantienen los niveles de quejas y reclamos frente a Medimás. Para los meses de octubre y noviembre la Superintendencia Nacional de Salud registró 14.252 y 11.969 quejas, peticiones y solicitudes de información, respectivamente.

Con el apoyo de las procuradurías Regionales y Provinciales, y las secretarías departamentales de salud, la Entidad corroboró falencias en la existencia de una red de prestadores de servicio, que atienda con calidad y oportunidad a cerca de 5 millones de afiliados a nivel nacional.

La Procuraduría General de la Nación exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a que adelante las actuaciones correspondientes y adopte las medidas especiales que sean necesarias con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los afiliados a esta EPS y sus familias.

Destacó que las dos sanciones impuestas por la Supersalud en los últimos días a Medimás, una por 1.500 salarios mínimos, por actuar de manera negligente e irregular en la atención de 3.220 pacientes vulnerables, a quienes no les garantizó el acceso a los servicios de salud; y otra, de 2.300 salarios mínimos, por la comisión de infracciones administrativas, como la no conformación, garantía, organización y evaluación de la red de servicios de salud; confirman las denuncias públicas que hizo la Entidad el pasado 13 de septiembre.

La Procuraduría no esperará otros dos años de mala atención y vulneración de derechos para actuar”, puntualizó el procurador general, quien dio traslado del informe para que se dé inicio a actuaciones disciplinarias contra funcionarios y/o particulares por determinar.