Ex magistrado Camilo Tarquino también tuvo contrato con la Contraloría de Bogotá
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia se encuentra vinculado al llamado "cartel de la toga".
Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra vinculado al llamado “cartel de la toga”. Foto: Colprensa
Un nuevo contrato cuestionado se conoció dentro de la Contraloría de Bogotá. Se trata de expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino Gallego, quien se encuentra vinculado al llamado “cartel de la toga” luego de ser señalado por el ex fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.
Cabe recordar que el funcionario ya había tenido importantes contratos con su firma T&T Abogados Consultores S.A.S en la Gobernación de Boyacá con Juan Carlos Granados, cuando este ejercía como gobernador del departamento.
Específicamente, se trata del contrato 136-2017, suscrito el 22 de mayo del presente año y cuyo objeto era “contratar la prestación de servicios profesionales de una persona jurídica con conocimientos especializados en materia de derecho constitucional, derecho laboral administrativo, seguridad social y riesgos laborales para apoyar jurídicamente en los procesos y trámites de trascendencia institucional y alto impacto que se presenten en la dirección de talento humano”.
El mencionado contrato fue suscrito por seis meses y con una cuantía de 60 millones de pesos. Esto quiere decir que 10 millones mensuales le serían entregados a Tarquino por sus servicios durante este tiempo con la Contraloría de Bogotá.
Sin embargo, días después de conocerse las declaraciones del ex fiscal Moreno, el contrato fue cancelado cuando este salpicó a varios magistrados, entre ellos Camilo Tarquino. De esta manera, tan solo se le entregaron cerca de 30 millones de pesos por sus servicios en el ente de control.
El contrato fue liquidado el pasado 25 de agosto de manera anticipada por ambas partes, según se constató en la misma Contraloría de Bogotá.
Es necesario señalar que este contrato se suma al de Yara Malo, hija del magistrado Gustavo Malo, al igual que el de la familia Bustos, quienes también suscribieron contratos con el ente de control en cabeza de Juan Carlos Granados.
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