Contraloría advierte malos manejos de recursos en la región Caribe

Varios de los hallazgos y procesos fiscales que detectados han sido de impacto nacional: Electricaribe, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los carteles de la hemofilia y de los enfermos mentales.

También aparecen irregularidades que se han descubierto por las fallidas sedes de la ESAP en Santa Marta y de la Corporación Ambiental Coralina, en San Andrés, o los sobrecostos que se dieron en la compra de predios para poner el Sistema de Transporte Masivo Transcaribe.

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ALGUNOS CASOS:

Atlántico

En el caso del Atlántico, se destacan 2 procesos de responsabilidad fiscal que se abrieron a Electrocaribe, uno por $6.078 millones (ejecución ineficiente de contratos PRONE y FAER) y otro por $2.771 millones (incumplimiento del contrato para ejecutar el Proyecto de Normalización “Tiquisio Segunda Etapa”, en el municipio bolivarense del mismo nombre).

Bolívar

Procesos de responsabilidad fiscal por $287 mil 961 millones de pesos, adelanta la Contraloría a través de su Gerencia en el Departamento de Bolívar. Durante el último año ha iniciado 84 procesos cuya cuantía asciende a más de $41 mil millones de pesos.

Entre los procesos que vienen en curso de mayor relevancia se encuentra el relacionado con Transcribe, por un presunto sobrecosto en la adquisición de predios para la construcción de las vías y andenes del Sistema de Transporte Masivo por valor de $32 mil 870 millones de pesos.

Magdalena

La Contraloría busca determinar responsabilidades fiscales por daño patrimoniales que afectan a entidades como el Distrito de Santa Marta, el Departamento del Magdalena, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el municipio de San Zenón. Esto en los casos más cuantiosos, que suman posibles detrimentos por más de $17 mil millones, de los cuales $4.521 millones corresponden a un tema relacionado con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.