En Magdalena 213 reclamantes de tierras han sido amenazados

Preocupantes conclusiones dejó la segunda mesa de diálogo multiactor sobre riesgo y protección de comunidades reclamantes de tierras en el departamento del Magdalena.

Las entidades que convocaron esta segunda mesa, Cinep, Corporación Yira Castro, Codhes, Ccj, Consejo Noruego, Somos Defensores, entre otras; coinciden en que la política de restitución de tierras no ha colmado las expectativas generadas, debido a la persistencia del conflicto armado y la ausencia de garantías de no repetición.

Cada una de las comunidades reclamantes y sus líderes atraviesan diversas y diferenciadas situaciones de riesgo, que aumentan o disminuyen según la etapa del proceso de restitución en que se encuentre cada proceso.

Federico Giraldo, investigador de tierras del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, asegura que han identificado nuevas formas de amenaza sumadas por la superposición de grupos políticos, económicos y terratenientes. “Las estrategias judiciales en las que implican a las víctimas por delitos como falso testimonio, injuria y calumnia hacen que los procesos se demoren más. Pero también tenemos registros de que los terratenientes envenenan las aguas, cortan los árboles, cierran las vías de acceso o campañas de desprestigio como la que hizo el exprocurador Alejandro Ordóñez y José Félix Lafourie el año pasado”.

En los últimos 5 años, según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, 213 reclamantes de tierras han sido amenazados en el departamento del Magdalena por motivos asociados a procesos de restitución de tierras, sin que  las autoridades den cuenta de un solo capturado por estas acciones. “Hay un alto grado de impunidad latente en el Magdalena”.

Santa Marta, Pivijay, Fundación, Zona Bananera, Puebloviejo, Chibolo y Ciénaga,  son los municipios que presentan mayor cantidad de amenazas, las cuales se presentan en mayor proporción contra adultos mayores y viudas.

También Harold Vargas, de la Corporación Jurídica Yira Castro, manifestó que en la mesa realizada el año anterior, las entidades del estado habían suscrito varios compromisos y este encuentro es la oportunidad para revisarlos y verificar cuanto se había avanzado. "El año pasado teníamos un panorama preocupante, pero un año después vemos que la situación ha empeorado. Las amenazas están acompañadas de una impunidad del 100%. La exigencia de las víctimas es que la Procuraduría inicie investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que hicieron compromisos para la protección de las víctimas, pero  no cumplieron absolutamente nada". 

Entre las preocupaciones en materia de seguridad que vienen denunciando los líderes, se encuentra el temor por el rearme de grupos armados ilegales y la intromisión del denominado “Clan del Golfo” a los  municipios, las amenazas directas, la presencia de “Carlos Tijeras” en el territorio después de recuperar su libertad y la limitada presencia de la fuerza pública en los municipios.