La acusación en contra de Carlos Correa y Marcos Daniel Pineda

En el documento, la Fiscalía relata las irregularidades tras el contrato que tenía como objeto la rehabilitación del coliseo Miguel Happy Lora de Montería.

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En el caso del actual alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, la Fiscalía asegura que el convenio firmado entre la Gobernación y la Alcaldía carecía de estudios previos propios.

Además, el acusado tenía conocimiento de la imposibilidad de ejecución de la obra conforme a los estudios desarrollados para ser ejecutados por la Gobernación con antelación a los Juegos Nacionales del 2012.

Dice el ente acusador que Montería no contó con su coliseo como escenario de los Juegos Nacionales de 2012 y solo cinco años después tuvo un escenario deportivo que no responde al inicialmente proyectado.

En la acusación, la Fiscalía asegura que Pineda celebró un convenio sin tener claro cuál era la conveniencia del mismo y los diseños y planos para tal propósito. Además, agrega que el alcalde no hizo un análisis de conveniencia y oportunidad, ni revisó la documentación previa a la celebración del convenio.

“El dolo con que usted actuó se deriva no solo de la infracción manifiesta de las normas constitucionales y legales ya citadas, sino también al conocimiento de la imposibilidad de llevar a cabo esta obra para servicio de la comunidad nacional, departamental y local, por cuanto esta obra no sirvió al objeto del contrato”, señala el escrito.

También indica la entidad que se evidencia el dolo con el que actuó el alcalde por cuanto el convenio no fue más que un requisito administrativo para garantizar la asignación de los recursos de regalías, omitió varias obligaciones que estaban a cargo del municipio que representa e hizo llegar al Departamento Nacional de Planeación una información que señala que la obra estaba terminada en un 100%.

En el caso del exconsejero para las regiones y exalcalde de Montería, Carlos Correa, se suscribió un convenio con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social,  que se firmó sin precisar el aporte que haría el Fondo.

En el documento se señala que Correa, con su silencio, avaló los incumplimientos del Fondo Mixto que fueron visibles desde el inicio del convenio, no solo en su desarrollo sino en el desconocimiento de todos los lineamientos propuestos en el mismo texto del convenio.

“Carlos Eduardo Correa desconoció los principios que rigen la  función administrativa,  y de manera  concreta, las obligaciones que emanan del mismo texto de los convenios (…) omitió usted el cumplimiento de la cláusula cuatro del Convenio 013 de junio de 2012, como el de velar porque el objeto de este convenio se cumpla dentro de las estipulaciones técnicas, legales y reglamentarias, exigir los informes al Fondo Mixto, adelantar las visitas al desarrollo de la obra  por medio de la secretaria de infraestructura (…) (Correa) permitió que el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social suscribiera e iniciara contratos, sin haberse perfeccionado el Convenio”, sugiere el documento.

La Fiscalía también señala que Correa se interesó indebidamente en que el Fondo fuera el ejecutor de la obra de rehabilitación del coliseo, permitió que se ejecutaran las obras no autorizadas por parte del Fondo (quien no respetó los diseños aprobados), permitió la ejecución ilegal de la obras, permitió demoliciones no autorizadas y suspensiones injustificadas de obra, permitió que el mismo Fondo contratara su interventoría desconociendo el marco del convenio que indicaba que esta debía contratarla la Alcaldía y omitió la vigilancia y seguimiento respecto de los procesos de subcontratación.

Cabe recordar que el coliseo Miguel Happy Lora no estuvo listo para los Juegos Nacionales de 2012 y que el contratista tardó cinco años para hacer entrega de un coliseo. Además, se pagaron dineros sin considerar avances de obra, permitiendo la apropiación de dineros para el Fondo Mixto en un valor de 3.500 millones de pesos.

Para el inicio del juicio, la Fiscalía presentará 45 informes de investigadores de campo, el testimonio de arquitectos, topógrafos, servidores de policía judicial, ingenieros y contadores.

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