Ordenan tres días de arresto al secretario de Educación de Bolívar por desacato

Betty Rodríguez Castilla presentó una acción de tutela en contra de la Gobernación de Bolívar por la supuesta violación  de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, porque al parecer se habrían negado a pagar parte de su pensión.

En fallo del 4 de abril de 2017, el despacho falló a favor de Rodríguez Castilla y ordenó que en un término de 48 horas siguientes a la notificación se pusieran en conocimiento al fondo territorial de pensiones sobre la solicitud de devolución de saldos tramitados por ella, para que se pronuncie sobre la misma.

Sin embargo, el 17 de mayo, Betty Rodríguez promovió un incidente de desacato insistiendo en que no se ha dado cumplimiento efectivo a la orden judicial referida. Ante esto, el juez mediante determinó: “A  Óscar Marín Villalba, secretario de Educación de Bolívar, ordena para que le dé cumplimiento al fallo dentro de las siguientes 48 horas y posteriormente se requirió al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, para que diera cumplimiento al fallo de tutela”.

De acuerdo a lo tramitado en los diferentes fallos conforme el despacho, consideró “que ni fue cumplida la orden emitida por esta dependencia, razón por la cual se abrió el trámite incidental mediante el auto del 10 de julio de 2017 contra Óscar Marín Villalba y se corrió traslado por el término de tres días para que contestara el escrito presentado y pidiera las pruebas que pretendía hacer valer acompañando las que se encontraban en su poder, de lo cual no se obtuvo respuesta”.

Arresto de tres días

El juez sexto laboral y circuito de Cartagena consideró que Óscar Marín Villalba, secretario de Educación departamental de Bolívar, no cumplió la orden contenida en la sentencia de la tutela dentro del trámite constitucional de la referencia proferida por la señora Betty Rodríguez Castilla.

Como consecuencia, el juzgado determinó, “se sanciona a Oscar Marín, secretario de educación, con arresto de tres días y la multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Para el cumplimiento de la orden, el juez ordena se libere este oficio al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena para que disponga el lugar o sitio donde la sancionado deberá cumplir el arresto en caso de ser confirmada la sanción