El IGAC desconoció una tradición jurídica, la historia y estudios técnicos: Álvaro Uribe

Para el expresidente Uribe, las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso y la plenaria del Senado deben considerar la posibilidad de acoger la manifestación de la comunidad, que se exprese en una consulta popular.

Tras una reunión con la bancada antioqueña del Centro Democrático en el Congreso de la República, y con varios diputados de la Asamblea de Antioquia, por dicho partido político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer las conclusiones de la reunión esbozadas en el siguiente comunicado de prensa:

“Belén de Bajirá:

1. Durante mi ejercicio en la Presidencia de la República asumí una actitud prudente frente a las diferencias limítrofes entre entidades territoriales; lo hice para contribuir a la unidad de la Nación;

2. La decisión del Gobierno Santos, de pretender ocultar sus incumplimientos con el Chocó, a través de despojar a Antioquia de un territorio, es un precedente de graves fracturas al sentimiento de unidad de la Nación, teniendo además en cuenta que existen 84 conflictos limítrofes entre entidades territoriales, de los cuales hay 20 priorizados que involucran a 11 departamentos y a 9 municipios;

3. El director del Igac, funcionario del Gobierno, desconoció toda una tradición jurídica, la historia a cargo de Antioquia y los estudios técnicos anteriores, y se prestó para publicar un mapa de despojo. Los cambios de rios y caños no pueden aducirse para negar que antes existieron y sirvieron como límites, cuando además ha habido claridad en los límites tradicionales a los cuales concurren los servicios públicos, la educación, las acciones comunales, el censo electoral, el censo poblacional, los registros catastrales de varias décadas, la titularidad de más de 100 años, etc.

4. El Gobierno Nacional se comprometió en el acuerdo con la comunidad del Chocó a publicar el cambio de mapa, que sin el consentimiento del Presidente de la República no se habría producido. Esto es inaudito para resolver un reclamo social de una región; apacigua temporalmente una inconformidad pero genera una prevención dañina, que puede acentuarse con el tiempo, en claro riesgo a la unidad de la Nación. No obstante que este límite es provisional mientras el Senado toma la decisión definitiva, esa provisionalidad genera todas las consecuencias jurídicas.

5. Apoyaremos todas las acciones jurídicas y las decisiones políticas legales, que emprendan las autoridades de Antioquia;

6. Las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso y la plenaria del Senado deben continuar en el ejercicio de sus competencias, y considerar la posibilidad de acoger la manifestación de la comunidad, que se exprese en una consulta popular;

7. El Gobierno Santos es responsable de pretender afectar la tradicional y sólida hermandad entre nuestros dos departamentos.