Así quedó la reforma política que el Gobierno presentará vía 'fast track'

El proyecto de reforma política, que el Gobierno presentará este miércoles ante la Cámara de Representantes por la vía del 'fast track', contempla, entre otros, introducir las listas cerradas a partir de las elecciones de 2019; eliminar la circulación de dinero en efectivo de las campañas; que el Estado asuma la propaganda electoral en los espacios de radio y televisión; acabar con las curules vitalicias, y con las elecciones atípicas, y facultar al nuevo Consejo Electoral para que defina si una persona puede aspirar, o no, e impedir la posesión de un candidato electo.

Habrá listas cerradas desde 2019 y se acaba con las curules vitalicias

De acuerdo con la reforma política, en el año 2018 se establecerá un régimen de transición de listas cerradas, pero no bloqueadas, y en las elecciones regionales de 2019 se impondrá un régimen de lista cerrada, en el que los colombianos votarán por las listas de los partidos de su predilección y no directamente por los candidatos.

En esta reforma también se introduce un régimen mixto de financiación de campañas y se reduce la edad mínima para aspirar a la Cámara de Representantes a 21 años y al Senado a 25 años. La reforma también incluye una disposición para que ninguna persona pueda  ser elegida por más de dos periodos en corporaciones públicas.

Proponen habilitar las inscripciones de cédula y el voto digital, progresivamente, con plan piloto para el voto de los colombianos en el exterior

Consejo Electoral tendrá funciones de Policía Judicial

El proyecto crea el Consejo Electoral Colombiano _CEC-, que entrará a reemplazar al Consejo Nacional Electoral, y que tendrá 9 miembros de dedicación exclusiva. Seis de sus magistrados serán elegidos con el mismo esquema con el que se elige al Registrador Nacional y los otros tres serán elegidos, mediante mediante un proceso de convocatoria pública, por Presidente de la República.

Este Consejo tendrá una unidad de Policía Judicial  que podrá allanar, capturar, interceptar teléfonos, entre otras atribuciones. El Consejo deberá decidir antes de una elección, si una persona puede aspirar o no. También podrá impedir la posesión de los candidatos electos ante denuncias por fraude, entre otras irregularidades.

Tendrán presencia territorial pues se plantea que en cada región sólo quede un delegado de la Registraduría y otro del CEC.

Se castigará la entrega de dádivas y se eliminará la circulación de efectivo en las campañas

Según el proyecto, se elimina la circulación de efectivo en las campañas electorales. Los privados que realicen donaciones deberán declararlas a la autoridad electoral y deberán informar de dónde proviene el dinero.La propaganda electoral en los espacios de radio y televisión la asumirá el Estado.

También se plantea implementar un registro de proveedores de campaña, para conocer qué empresas logísticas o asesores, entre otros, intervienen. Se prohibe entregar dádivas, regalos y donaciones a los electores, pues esas conductas se castigarán con pérdida de investidura y con responsabilidad penal para quienes las cometan.

También se prohibe la contratación de transporte para cualquier evento proselitista y durante el día de las elecciones, pues el Estado asumirá ese servicio durante los días de votación. 

Procuraduría podrá inhabilitar con el visto bueno del Consejo de Estado

El proyecto le quita 'dientes' a la Procuraduría General en su tarea de inhabilitar a funcionarios de elección popular, pues según la iniciativa, de ahora en adelante la última palabra la tendrá el Consejo de Estado.

El texto contempla que las inhabilidades impuestas en segunda instancia por el Ministerio Público sólo cobren vigencia hasta que el tribunal de lo contencioso administrativo las avale, en un trámite revisión. De esta forma, según fuentes del Gobierno, se estaría cumpliendo con una disposición de la Carta Interamericana.