Homicidio de líder social que se oponía a mineras en Bolívar llega a la CIDH
La víctima rechazaba el ingreso de las multinacionales mineras al sur del departamento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el estado colombiano por la ejecución extrajudicial del líder social y minero Alejandro Uribe Chacón. Foto: Getty Images / LUIS ROBAYO(Thot)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el estado colombiano por la ejecución extrajudicial del líder social y minero Alejandro Uribe Chacón, quien integraba la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) y desapareció cuando se dirigía a una reunión con otros miembros de esa organización social.
Uribe Chacón era conocido en el sector de Mina Gallo como uno de los más férreos opositores del ingreso de mineras multinacionales a ese territorio.
- Le puede interesar: Denuncian 26 casos inéditos de reclutamiento de menores a manos de las Farc
De acuerdo con la investigación por la que cuatro militares fueron llevados a juicio se evidenciaría que la víctima fue retenida, luego puesta de espaldas, momento en el que le dispararon en varias ocasiones y le fueron encontradas fracturas en varios huesos de su cuerpo, lo cual desacreditaría el supuesto combate que argumentaron los soldados, presentándolo como guerrillero del ELN.
Pero a pesar de que los militares fueron llevados a juicio, según los peticionarios esa resolución fue apelada sin definición hasta la fecha, significando que el caso a la actualidad se encuentra en una completa impunidad. El anterior fue uno de los argumentos por los que la CIDH admitió el expediente.
“Dado que han transcurrido más de catorce años desde el inicio de tales investigaciones, la Comisión concluye que en el presente caso se aplica la excepción al agotamiento de los recursos internos”, indica el documento.
El estado se oponía a que el caso fuera aceptado precisamente alegando “falta de agotamiento de recursos internos”, al expresar que la investigación ha venido avanzando y se encuentra suspendida desde el 2016 por pruebas solicitadas por la defensa de los militares.
Además, señalaron que los familiares de la víctima tampoco han solicitado reparación administrativa.
