Exmagistrado Pretelt denuncia falta de garantías en su proceso en la Corte Suprema
Pide no ser juzgado por el magistrado Fabio Ospitia y el conjuez Euclides Torres.
Jorge Pretelt fue enjuiciado por haber pedido, supuestamente, $500 millones para incidir en el trámite de una tutela. Foto: Colprensa / GERMÁN ENCISO(Thot)
Jorge Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional, denunció falta de garantías durante su proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, señaló que está siendo juzgado por personas que no garantizan la “imparcialidad en su proceso”.
Puntualmente, Pretelt cuestionó al magistrado Fabio Ospitia, quien fue recusado porque su hermano fue socio en la oficina del exfiscal Eduardo Montealegre quien es, según Pretelt, su “mayor perseguidor”.
El exmagistrado cuestionó también al conjuez Eulises Torres, quien, según señala Pretelt, lo acusó de cohecho a través de redes sociales.
En un comunicado, el expresidente de la Corte Constitucional cuestiona dichas garantías: “¿Qué garantías puede dar a un procesado como yo un juez que ya lo condenó en sus redes sociales?”.
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A su vez, agregó que a la magistrada Cristina Lombana la retiraron con la teoría de la apariencia por cuestiones menos relevantes.
“Fabio Ospitia Garzón insiste en ser el ponente de mi proceso cuando fue recusado por ser el magistrado auxiliar del doctor Acuña Vizcaya, quien llevó durante dos años dicho proceso. Ospitia tuvo acceso al caso, y sustanció y conoció mi expediente, además de proyectar decisiones”, sostiene en el documento.
Cabe recordar que la Sala Especial de Primera Instancia condenó el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt a 78 meses de prisión tras declararlo responsable del delito de concusión.
Así mismo, se le negó la condena de ejecución condicional y prisión domiciliaria, pero no se ordenó la captura porque la condena se cumple cuando esté ejecutoriada, es decir, en firme. Esto se debe a que queda pendiente si la apela ante la sala de casación penal.
El antiguo miembro de la Corte Constitucional fue enjuiciado por haber pedido, supuestamente, $500 millones para incidir en el trámite de una tutela.
