Condenado expresidente de EPS en Huila por recobros irregulares de medicamentos
La Fiscalía demostró que Armado Ariza Quintero generó pérdidas a las Secretarías de Salud de Huila y Boyacá por 1.290 millones de pesos.
![Recobros irregulares en EPS en Huila / imagen de referencia. Foto: Getty Images](https://prisaradioco-wradio-colombia-sandbox.cdn.arcpublishing.com/resizer/v2/GCB76V7LR5HCXIAX2QJLV3MFOI.jpg?auth=d46b4a22c88aa39d9db74f978e3d7c8f59c369dbcaeb6c59ecbb0f76da746bf2&width=650&height=488&quality=70&smart=true)
Recobros irregulares en EPS en Huila / imagen de referencia. Foto: Getty Images(Thot)
Un juez penal de conocimiento de Neiva (Huila) avaló los argumentos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación, y condenó a 13 años y 9 meses de prisión a Armando Ariza Quintero, expresidente de una EPS en Huila.
La decisión declaró responsable a esta persona de los delitos de fraude procesal, estafa agravada, y estafa agravada en grado de tentativa. En ese sentido, dispuso la captura inmediata para que cumpla la sentencia en centro carcelario.
La Fiscalía demostró en el curso de la investigación que, entre 2009 y 2014, Ariza Quintero estuvo vinculado a recobros ilegales de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), por valor de 1.290 millones de pesos. Parte de esta defraudación, exactamente 996 millones de pesos, fue de la Secretaria de Salud de Huila; mientras que la Secretaría de Salud de Boyacá fue afectada en 294 millones de pesos.
Gracias a la oportuna actividad investigativa, se frustró un desembolso adicional que se iba a realizar por 3.506 millones de pesos. La actividad ilícita consistió en la compra, suministro y manejo de un tratamiento farmacéutico para la hemofilia, que estaba incluido en el Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo, se registró y facturó como no POS. De esta manera, acudió a la figura de recobro para recibir dineros a los que no tenía derecho y ponerlos en manos de un tercero.
Por estos mismos hechos, el juez de conocimiento compulsó copias para investigar a otras personas, entre funcionarios, médicos y representantes de una distribuidora de medicamentos.