Las presuntas irregularidades en los contratos para obras del posconflicto
La Contraloría encontró tres hallazgos con presunta incidencia penal por estos hechos.
![La Contraloría General encontró presuntas irregularidades en varios contratos de las obras en los municipios PDET. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA](https://prisaradioco-wradio-colombia-sandbox.cdn.arcpublishing.com/resizer/v2/25ZFX466OJCWHGSX7PNGVIEGQM.jpg?auth=cc7b91084bc4ce0682401c052cf0ef10bf59e2647a146248a0bb0cab6a86d795&width=650&height=488&quality=70&smart=true)
La Contraloría General encontró presuntas irregularidades en varios contratos de las obras en los municipios PDET. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA(Thot)
La Contraloría General encontró presuntas irregularidades en varios contratos de las obras en los municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) que son los priorizados en el posconflicto, entre 2019 y 2020.
Cinco de los hallazgos de la auditoría tienen presunta incidencia fiscal por $2.994.888.080 y tres tienen presunta incidencia penal.
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Varias de las deficiencias en la contratación están en Ataco, Tolima. Uno de los hechos en el que pone la lupa el ente de control en ese municipio es en la planeación del contrato de las obras de mejoramiento de la vía terciaria desde la vereda Balsillas a la vereda Nueva Reforma mediante la construcción de placa huella, por un valor de $5.093 millones, cuyo plazo de ejecución se ha sobrepasado un 233 por ciento desde el inicio del contrato de obra.
Entre los hallazgos penales, la Contraloría evidenció inconsistencias en un contrato para el fortalecimiento de la integración rural en Caquetá, mediante la construcción de puentes en zonas veredales en ese departamento en el cual dieron recursos por anticipo y aumentó el valor del proyecto y del contrato en 38.7 por ciento.
Ahora, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia de Desarrollo Rural (AD) y el Fondo Colombia en Paz (FCP), “deberán suscribir un Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo correctivo o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República como resultado de la presente Actuación Especial de Fiscalización, y que hacen parte de este informe”, señala el ente.