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Congreso impugnará fallo que frenó la modificación de la Ley de Garantías

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió la nulidad de la decisión judicial.

Foto de referencia del Congreso de Colombia. Foto: Colprensa

Foto de referencia del Congreso de Colombia. Foto: Colprensa(Thot)

Hoy vamos a hablar del fallo de tutela que tiene contra las cuerdas al Congreso y al Gobierno al frenar la modificación de la Ley de Garantías.  Conocimos que tanto el Senado como la Cámara de Representantes van a impugnarlo en las próximas horas, teniendo en cuenta que vencerá el plazo para hacerlo.

La impugnación que interpondrá el Senado señala que el Congreso no ha vulnerado el debido proceso, como lo asegura la juez de la República en su fallo, y aclara que en el trámite de la ley del presupuesto solo se suspendió una norma de carácter ordinario que estaba incluida en una ley estatutaria, es decir en la Ley de Garantías.

Igualmente, dice que no se está afectando el principio de reserva legal, que se cumplieron las normas y los procedimientos legales vigentes sobre la materia.

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Otro de los argumentos para que no prospere el fallo es que, según el Senado, la Corte Constitucional considera viable todo este procedimiento porque no se está modificando la esencia de un derecho fundamental propio de la ley estatutaria. En otras palabras, para el Senado hay aspectos ordinarios dentro de la Ley de Garantías que se pueden modificar con leyes ordinarias.

Y otra razón es que se habrían desconocido las reglas de reparto. Para el Senado la acción de tutela le correspondía a un tribunal por lo que pide anular el proceso por falta de competencia.

También supimos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya pidió la nulidad de todo el trámite y se quejó porque no fue notificada del proceso. Y es que, según la entidad, era obligatorio vincularla ya que está involucrada una entidad pública del orden nacional, como es el caso del Congreso de la República, y se está discutiendo la legitimidad de una disposición de carácter legal, lo que se considera un interés litigioso.

Y más aún cuando la decisión de la tutela tiene un impacto nacional que afecta los intereses económicos del Gobierno Nacional, local y de los habitantes del país. Por esta omisión, la agencia asegura que la jueza violó su derecho al debido proceso, impidiéndole pronunciarse sobre los hechos de la tutela y de su procedencia.

Asocapitales también pidió la nulidad del fallo.

A continuación escuche "Kamila de 11 Varas".

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