Fundación Cordoberxia denuncia que tres jóvenes han sido asesinados en el sur de Córdoba
El último caso se conoció el pasado 16 de enero con la muerte violenta de María Camila de la Barrera de 23 años. La mujer era hija de un concejal de Montelíbano.
Tres jóvenes han sido asesinados en el sur de Córdoba / imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)
A través de un comunicado de prensa la Fundación Cordoberxia prendió las alertas ante la compleja situación de orden público que enfrenta el municipio de Montelíbano según el reporte conocido en los primeros días del año 2021.
Las víctimas fueron identificadas por las augoridades como Hermes González de 23 años, Sherinan Díaz de 16 años y María Camila de la Barrera de 23 años. Esta última hija de un concejal de Montelíbano.
"Tres trágicas historias que no acaban con lo crudo de los asesinatos recientes deja una gran carga social y política a un municipio del que parece no irse la violencia, y todos los esfuerzos habidos y por haber no alcanzan", se sostiene por parte de Cordoberxia.
"Se ha hablado de un Megacomando de la policía, una Defensoría Regional para el sur de Córdoba con sede en Montelíbano, está desplegada la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles con por lo menos 2.000 soldados, pero parece que sigue faltando un centavo para el peso", se agrega por parte de la Fundación ante el difícil panorama.
Asimismo, advierten que Montelíbano es un municipio en disputa. "Un campo de guerra entre Clan del Golfo y Caparros (bandas criminales o GAO como les llama la Fuerza Pública)".
Al tiempo establecen que entre 2018 y lo que va de 2021, la cifra de crímenes se ha disparado "a nuestra cuenta en más del 146% comparado con cifras de 2016 y 2017".
Finalmente, sostienen que "el drama del reclutamiento forzado y uso de jóvenes para la guerra y su financiación, como caldo de cultivo: adolescentes y jóvenes que salen de estudiar su bachillerato y no tienen más opción que dejarse usar por uno u otro grupo armado ilegal. Se tiene conocimiento por parte nuestra que mensualmente reclutan para el servicio de milicia o para trabajo en sus rentas ilícitas a más de 25 jóvenes en esta zona del país".
Frente a lo expuesto, manifestaron que se requiere una política de fondo teniente a garantizar la tranquilidad de la población civil en el sur del departamento.
