Capturado funcionario del Fonpet que habría recibido coimas por trámites irregulares

Los investigados al parecer utilizaban información reservada del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), para gestionar y agilizar el retiro de dineros en favor de cinco municipios, por lo cual se presume que recibían entre el 3 y 5 por ciento de los recursos girados.

Con base en los resultados investigativos argumentados por la Fiscalía, un juez de garantías de Bogotá afectó con medida de aseguramiento intramuros a tres personas y detención domiciliaria a una más, señaladas de participar presuntamente irregularidades al interior del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), desde el año 2015.

Se trata del funcionario del Fonpet Erwin Ramiro Contreras Ramos y los contratistas de las alcaldías e intermediarios Ángela María Penagos Trujillo, Camilo Alberto Ortiz Martínez e Irma Enciso Herrera, quienes no aceptaron los cargos que por concusión y concierto para delinquir les endilgó el ente acusador.

La investigación inició por una reclamación penal realizada por el Ministerio de Hacienda ante la denuncia de una alcalde del departamento del Magdalena, quien denunció el ofrecimiento que le hicieron para agilizar y favorecer el trámite de los recursos.

Según el proceso adelantado por la Dirección Especializada contra la Corrupción, los hoy procesados estarían vinculados a una red criminal que tenía acceso a la base de datos del Fonpet y el Ministerio de Hacienda para conocer qué dinero en calidad de ahorros y los porcentajes que los mandatarios locales tenían a su favor para realizar obras civiles y comunitarias en sus municipios.

La Fiscalía evidenció por lo menos 5 eventos en los que habrían participado estas personas, con cuya gestión se lograron giros de recursos por 1282 millones al municipio de Gachalá (Cundinamarca), 2164 millones a la población de La Macarena (Meta), así como a las alcaldías de Anzá y Uramita en Antioquia.

De acuerdo con lo establecido, las coimas en efectivo que habría recibido la red por sus gestiones —brindando información privilegiada y agilizando los procesos para los giros— oscilaban entre el 3 y el 5 por ciento de los valores girados.

Los presuntos integrantes de la red

• Erwin Ramiro Contreras Ramos, supuesto jefe de la red y funcionario en calidad de contratista del Fonpet: tenía acceso a la base de datos de la entidad y gestionaba los trámites. Fue cobijado con medida privativa de la libertad en centro carcelario.
• Camilo Alberto Ortiz Martínez, intermediario y gestor de los trámites: lograba contratos de obras civiles en las alcaldías que aceptaban la gestión de los imputados. Quedó con medida de aseguramiento en la cárcel.
• Irma Enciso Herrera, presunta tramitadora de la red: su labor fue clave para el desembolso de recursos de Anzá y Uramita (Antioquia). Fue enviada la cárcel El Buen Pastor.
• Ángela María Penagos, al parecer gestionó los trámites de la alcaldía de Gachalá (Cundinamarca). La juez de control de garantías aprobó la privación de la libertad en su lugar de residencia, luego de la mujer manifestó su interés de colaborar con la justicia.