Emiten fallo con responsabilidad fiscal por $26.274 millones en cartel de la hemofilia
La sanción fue impuesta por la Contraloría General de la República por casos presentados en el departamento de Bolívar.
Desarrollan medicamento que promete ser la cura del VIH. Foto: Getty Images(Thot)
El contralor delegado intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General, José Miguel Char Chicre, efectuó la lectura del fallo de primera instancia en este proceso de responsabilidad fiscal.
En este caso están vinculados como presuntos responsables fiscales, el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini y tres funcionarios que lo acompañaron en su administración:
Ana María del Carmen Alvarez Castillo, en su calidad de secretaria de Salud Departamental; Bertha María Pérez López, quien ejerció este mismo cargo como encargada; y Nacha Newbal Jiménez, como directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de esa misma dependencia.
(Lea en W: Fiscalía solicita medida intramural para exsecretario de Salud de Córdoba)
Igualmente, están vinculados:
*La Fundación Ciénaga de la Virgen, representada legalmente por Emperatriz Agamez Meléndez, en calidad de contratista.
*La IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud -Asistegral, representada legalmente por Gloria Patricia Giraldo Jaramillo.
*Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia de Magangué (Bolívar).
*La Fundación Renal de Colombia, representada legalmente por Gabriel Enrique García Sotelo.
*Y Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de auditor Médico, líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud.
Es importante recordar que el ente de control imputó responsabilidad fiscal a todos los señalados, en cuantía que suma más de $20.000 millones, por los pagos que, atendiendo fallos de tutela, realizó la Secretaría de Salud Departamental por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que debió estar a cargo de las EPS a las que estaban afiliados dado que los servicios médicos para el tratamiento de la enfermedad se encontraban cobijados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
