Supertransporte formuló cargos contra tres empresas desintegradoras de vehículos

Tras las denuncias que se hicieron en W Radio el pasado 31 de enero, frente a irregularidades encontradas en el programa de chatarrización del Gobierno, W Radio confirmó en primicia que la Superintendencia de Transporte, adelantó averiguación preliminar, abrió investigación y formuló cargos contra las empresas desintegradoras de vehículos:

• Naranjo Recycling S.A.S. (Cartagena)
• Unión Temporal Sct Merl S.A.S.(Barranquilla-Cartagena)
• Unión Temporal Rym S.A.S.(Cartagena)

Lo expuesto en el informe se debe a que el ente de control y vigilancia encontró que las empresas no suministraron presuntamente la información requerida, ni la solicitada en el desarrollo de la visita de inspección realizada por la entidad. Además, alteraron parcialmente la prestación del servicio de desintegración física total de vehículos.

Lo anterior se traduce en que, presuntamente, no se realizó la descomposición de todos los elementos integrantes de los vehículos hasta convertirlos en chatarra. Sin embargo, sí se expidieron los certificados de desintegración y se recibió el dinero por parte del Estado.

(Le puede interesar: Surgen más interrogantes sobre el programa de chatarrización del Gobierno Nacional)

De esta manera, al parecer, los vehículos que debieron ser desintegrados todavía realizan actividades de transporte de carga y pasajeros, incumpliendo con las normas establecidas para este tipo de servicios conexos.

Cabe destacar que la investigación se derivó de que, en noviembre de 2018, el Ministerio de Transporte envió una comunicación a la Superintendencia en la cual identificó empresas de transporte que expidieron manifiestos de carga a vehículos que tenían cancelada la matrícula.

En su informe, la Supertransporte confirmó que se pudo establecer cuáles fueron las empresas desintegradoras en donde supuestamente se había adelantado la desintegración de esos vehículos, constatando que los propietarios de los vehículos ya habrían recibido el respectivo reconocimiento económico por parte del Estado colombiano.

En adición a lo anterior, los días 24 y 25 de enero de 2019 el ente de control y vigilancia adelantó visitas administrativas para verificar el procedimiento de desintegración de vehículos y de expedición de certificados de desintegración.

Los cargos formulados a las empresas según lo conocido por W Radio se fundamentan en la alteración parcial del servicio de desintegración vehicular; reporte de información en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que no corresponde a la realidad; alteración del servicio en relación con la custodia en físico o en discos ópticos que contienen la información de la desintegración física de los vehículos; no reporte de información al RUNT; no aportar los documentos solicitados por la Supertransporte, entre otros.

En caso de ser encontradas responsables, las empresas desintegradoras en mención podrían ser amonestadas o multadas hasta con 700 SMMLV por cada cargo imputado.

Finalmente se expuso que de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 201, las personas que deseen intervenir en la investigación, solicitar y aportar pruebas, podrán hacerlo acreditando su calidad de tercero interesado, ante la Superintendencia de Transporte.