El principio de oportunidad que se adelanta en el caso Elite

La Fiscalía General de la Nación adelanta negociaciones con Delvis Sugey Medina Herrera, esposa de Roberto Herrera Díaz, ex congresista por el Magdalena y Ana Milena Aguirre Mejía, asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa, ambas investigadas por el escándalo de libranzas de Elite.

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La W conoció que la Fiscalía ha llegado a ciertos acuerdos con las imputadas las cuales se han comprometido a servir como testigos de cargo contra los directivos de Elite ya judicializados, los directivos de Vesting Group, Plus Values, Tu Renta, Optimal ABC Winner, entre otras firmas.

Ambas mujeres también entregarían información contra varios funcionarios de organismos de control relacionados con la vigilancia de la actividad de libranzas.

En el tema de reparación, se ha ofrecido el 50 % de un lote de terreno con avalúo formal equivalente a $7.650.000.000, el 50 % de un lote ubicado en la ciudad de Barranquilla, con avalúo total de 2.500.000.000, con valor aproximado equivalente a esa proporción: $1.250.000.000 y la entrega en efectivo de $2.500.000.000 en un término no superior a tres (3) años, para un total de $11.250.000.000.

Adicional a ello, la entrega de unos bienes sujetos a medidas cautelares en el trámite de intervención y liquidación judicial, estimados en la suma de  $5.924.000.000.

También se comprometen a colaborar con la agente liquidadora en gestiones de orientación e información que permita el recaudo efectivo de libranzas que están arrojando flujos y que las pagadurías encargadas de su recaudo procedan a remitir esos recursos de manera oportuna a la liquidación.

Según la Fiscalía Medina Herrera y Ana Milena Aguirre, hacen un estimativo sobre valores pendientes de recaudar que podrían estar en el orden de los $100.000 millones. También mencionan que a la fecha, en poder de la liquidadora (Dra. Maria Mercedes Perry) hay fondos que son productos de recaudos de flujos de las libranzas comercializadas, por un valor estimado de $68.000.000.000.

Sin embargo, los representantes de víctimas y algunos abogados de otros imputados en el caso se han opuesto a este posible principio de oportunidad que se adelanta con las acusadas en lo que tiene que ver con la propuesta de reparación.

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LA RESPUESTA DE LAS VÍCTIMAS

La W  también conoció la respuesta que los representantes de los afectados le dieron a la propuesta de la Fiscalía:

• No se aceptarán bienes en dación de pago; éstos, y otros que hallemos en coordinación con las entidades del estado, serán aceptados solo como una garantía.
• En cuanto al valor de dichos bienes, quedará en suspenso hasta cuando los victimarios realicen la venta de los bienes, en un plazo máximo de un año. Si se superare dicho plazo sin realizar la venta, las imputadas deberán reemplazarlo por el valor ofrecido en garantía.
• Plazo de tres años: en desacuerdo total, puesto que en los planes de desmonte ofrecían pagar esos montos de inmediato. Exigimos esos recursos en un plazo inmediato.
• Exigimos que las imputadas reconozcan el IPC desde la cesación de pagos y hasta la devolución del 100% de las acreencias reconocidas por la liquidadora, Dra. Ma. Mercedes Perry.
• Se debe constituir una fiducia en garantía, cuyo costo operativo será cancelado por las imputadas, fiducia en la cual se creará un patrimonio autónomo con lo que están ofreciendo las imputadas más lo que hallemos las víctimas en coordinación con las autoridades del estado. La fiducia debe contar con un comité de seguimiento, donde las víctimas tengamos voz y voto.
• Exigimos sinceramiento de la cartera que está en poder de la liquidadora, Dra. Ma. Mercedes Perry, y que los títulos que presentan inconsistencias o que estén siniestrados, sean repuestos por títulos válidos con iguales condiciones de valor y cuantía en capital e intereses que los que les fueron vendidos a las víctimas, puesto que esta es la manera cierta de reparar el daño.
• En el acuerdo de principio de oportunidad debe establecerse que en caso de cualquier incumplimiento de las imputadas revivirá el proceso penal y que los términos de prescripción de la acción penal se suspenden hasta tanto se cumpla el acuerdo de reparación.
• Consideramos que el aspecto más importante en el ofrecimiento de reparación será el reconocimiento del 100% de las acreencias, dado que las imputadas Delvis Sugey Medina y Ana Milena Aguirre son solidarias con la totalidad de las acreencias. Por tanto rechazamos el monto ofrecido por las imputadas pues bajo los artículos 619, 626, 627, 632 y 656 del código de comercio las imputadas deben responder solidariamente por la totalidad del monto.