Juez avala principio de oportunidad para abogado de Reficar
El procesado, en virtud del beneficio, pedirá perdón a Ecopetrol y entregará detalles de cómo se duplicaban los costos.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez 32 penal municipal de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad —en la modalidad de suspensión de la persecución penal por un año— en favor de Nicolás Isackson Palacios, líder del grupo de abogados de la Refinería de Cartagena (Reficar).
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En virtud de la resolución 516 de 2 de mayo de 2018 que concede a Isackson Palacios tal beneficio, se obliga a brindar información como testigo de cargos contra las personas investigadas en este caso por los millonarios sobrecostos que superan los $610.000 millones.
Según la investigación, el abogado fue la persona encargada de revisar las decisiones jurídicas de cada contrato que dieron a lugar la creación de acuerdos de implementación que su vez permitieron la apropiación de recursos públicos.
Indicó el fiscal en la audiencia pública que Isackson Palacios rindió varias declaraciones bajo juramento los días 19 y 23 de marzo y el 9 de abril pasados, en las que mostró su interés y ánimo de contribuir con la justicia.
“Entregará información útil que abrirá nuevas líneas de investigación criminal”, anotó el delegado acusador.
El procesado suscribió un acta de compromiso para colaborar con el suministro de información y documentos, que los que se advierten las irregularidades en el proceso de contratación y las personas que participaron para permitir el desfalco.
En este proceso penal fueron acreditadas como víctimas Ecopetrol S.A. y la Contraloría General de la República.
Entretanto, mediante la resolución 541 de mayo de 2018 de la FGN, el señor Isackson Palacios se comprometió a pedir perdón públicamente y a reparar simbólicamente a las víctimas ante la junta directiva de Ecopetrol S.A.
El abogado está vinculado penalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares.