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Con fines de extinción de dominio, Fiscalía ocupa bienes avaluados en un billón de pesos

Cuatro lotes ubicados en Cartagena (Bolívar) fueron afectados con las medidas cautelares.

Con fines de extinción de dominio, Fiscalía ocupa bienes avaluados en un billón de pesos. Foto: Colprensa

Con fines de extinción de dominio, Fiscalía ocupa bienes avaluados en un billón de pesos. Foto: Colprensa(Thot)

En un sector de altísimo valor comercial entre Pasacaballos y Mamonal, en Cartagena (Bolívar), fueron afectadas 107 hectáreas ubicadas con medidas cautelares de extinción de dominio. Esto se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación recopilara evidencia física y testimonial sobre la presencia de recursos ilícitos en la adquisición de los terrenos.

Los bienes ocupados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía corresponden a cuatro lotes avaluados en un billón de pesos, que pertenecerían a Javier García Rojas, alias Maracuyá. Este individuo es un presunto narcotraficante que, hasta el momento, habría evadido cualquier acción judicial en su contra y parecía imperceptible para las autoridades, pero haría parte de la estructura criminal conocida como La Oficina.

El material obtenido por la Dirección Especializada del Derecho de Extinción de Dominio de la Fiscalía y la agencia estadounidense DEA, evidenciaría que los predios serían de la Sociedad Agroconstrucciones S.A.S. (de la cual García Rojas es el representante legal) y de Construcciones Modernas S.A., una firma a cargo de un supuesto testaferro de alias Maracuyá.

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LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA ALIAS MARACUYÁ

Distintos testigos consultados en un año de investigaciones coincidieron en afirmar que Javier García Rojas tendría un amplio recorrido en el envío de cargamentos de cocaína. Además, lo relacionaron como socio de José Bayron Piedrahita Ceballos, quien fue capturado en septiembre de 2017 en atención a una orden de extradición de la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de corrupción a un agente federal y lo investiga por narcotráfico.

Desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, un extraditado y confeso narcotraficante señaló que durante la década de los noventa, alias Maracuyá conseguía base de coca en Perú, los Llanos Orientales y departamentos del sur del país, y la transportaba en aviones pequeños a una pista clandestina en Cartago (Valle del Cauca).

El testigo precisó que, luego del procesamiento del estupefaciente, alias Maracuyá coordinaba la salida de 800 kilogramos a una tonelada de clorhidrato de cocaína en vuelos con destino a México.

El extraditado aseguró que conoció del ilícito por la cercanía que tenía en su momento con los capos del cartel del norte del Valle.

De otro lado, un ex paramilitar, en declaración jurada, reveló que rescató un cargamento de nueve toneladas de cocaína entre los años 1999 y 2000, que José Bayron Piedrahita Ceballos y Javier García Rojas camuflaron en un barco llamado ‘Nativa’.

Adicionalmente, la Fiscalía cuenta con pruebas documentales, registros comerciales e informes de las sociedades y personas naturales que habrían participado en la compra de los bienes ocupados hoy con fines de extinción de dominio, que conducen a demostrar que alias Maracuyá sería el propietario.

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EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS

La evidencia física y el material probatorio recaudados por la Fiscalía General de la Nación y la agencia DEA, sirvieron de soporte para que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a Javier García Rojas, alias Maracuyá, en la lista de La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como lista Clinton.

La sanción que implica el congelamiento de cuentas bancarias y bienes, y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones comerciales y financieras con sociedades, colaboradores comerciales o el mismo García Rojas, es consecuencia del señalamiento hecho contra alias Maracuyá.

A esta persona la consideran integrante de la estructura criminal La Oficina, presunto responsable del envió de cocaína desde Colombia a Estados Unidos y poseedor de un incremento patrimonial injustificado producto de actividades ilícitas.

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