Reclusos de la cárcel de Santa Marta levantaron la huelga de hambre
Según la Defensoría Regional del Pueblo, la cárcel Rodrigo de Bastidas presenta un hacinamiento superior al 470%.
En la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta presenta un hacinamiento superior al 470%. Foto: Getty Images(Thot)
Con intervención de la Defensoría del Pueblo, reclusos de la cárcel Rodrigo de Bastidas levantaron la huelga de hambre que sostenían hace dos días, con el compromiso de mejoras en la infraestructura física del área de atención médica y garantías para la atención en salud.
Albeis Fuentes Pimienta, defensor regional, asegura que este centro penitenciario tiene un 470% de hacinamiento. Esta situación, entre otros riesgos, no permite aislar a los internos infectados con varicela y tuberculosis, lo que facilita el contagio con los demás miembros de esta población.
“Son más de 1.400 hombres y mujeres privados de la libertad que se mantienen en riesgo permanente por las deplorables condiciones de la infraestructura física de la cárcel, especialmente en el área de sanidad”, asegura el defensor.
Entre los acuerdos suscritos para levantar la huelga de los reclusos, se espera que el Inpec inicie obras de mejoramiento de la infraestructura física de la cárcel, especialmente en el área de sanidad, que además se ha visto afectada por las intensas lluvias de las últimas semanas.
El delicado estado de salud general implica que a la fecha hay 40 internos infectados con varicela y 23 con tuberculosis. Además, se han registrado cuatro decesos asociados a estas enfermedades.
Pese a que el proyecto para la construcción de la mega cárcel en el municipio de San Ángel avanza positivamente con el aval del Ministerio de Justicia, el defensor asegura que esa construcción no puede ser definida como la única solución a la crisis carcelaria del departamento del Magdalena.
“Se requieren más empleados judiciales para descongestionar los juzgados y se requiere solucionar el estado de las personas que no han sido condenadas, porque también las estaciones de policía presentan condiciones precarias. Más allá de la construcción de nuevas cárceles, las entidades territoriales y el gobierno nacional deben realizar inversiones en torno a la prevención del delito”, advirtió Fuentes.
Esta serie de planteamientos surgieron durante la rendición pública de cuentas de la Defensoría Regional del Pueblo en el Magdalena.
