Fiscalía continúa operativos en investigación por escándalo de la DNE

La W conoció que, en medio de la investigación que se adelanta en contra del empresario David Neira, mencionado en el escándalo de la DNE, la Fiscalía General de la Nación realizó hace pocos días dos operativos en los que se adelantó una inspección a sus propiedades.

El ente investigador ejecutó los operativos en el municipio de Villa de Leyva y también se encuentra verificando si una casa de un reconocido narcotraficante estaría relacionada con Neira.

Por otro lado, también en el caso de la DNE, La W conoció que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le negó el principio de oportunidad al empresario Leo Eisenband, investigado por supuestas irregularidades en la compra del centro comercial Villa Country a Estupefacientes.

Eisenband, quien desde 1979 es la cabeza del grupo Fedco, habría comprado el centro comercial Villa Country (en Barranquilla) al ex fiscal y depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Camilo Bula, por $18.362 millones.

Tras varias pesquisas, las autoridades lograron demostrar que este bien (en su momento, propiedad del clan ilegal de los Nasser Arana) fue vendido por un precio mucho menor al real.

Camilo Bula, ex liquidador en la DNE y testigo estrella del caso, ya le contó a la Fiscalía cómo se adulteraron avalúos y se falsificaron actos notariales para beneficiar a Eisenband.

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La Fiscalía General negó el principio de oportunidad porque el empresario no devolvió los recursos apropiados y tomó la decisión de imputarle el delito de peculado al empresario en los próximos días.

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SOBRE EL CASO DE CAMILO BULA

La W pudo establecer que, tras dos años de radicado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso de casación presentado por la defensa de ex fiscal antimafia Camilo Bula.

Esto se produjo después de que el Tribunal Superior de Bogotá elevara, en 2015, su condena de ocho a 18 años de prisión por los delitos de falsedad en documento público y privado, prevaricato, fraude procesal, concierto para delinquir y obtención de documento público falso.

Lo que tendrá que revisar la Sala de Casación Penal es si mantiene la condena inicial de ocho años y tres meses de prisión y multa de 25.500 salarios mínimos, es decir, cerca de $15.708 millones.

La magistrada que llevará este caso a la sala plena de la Corte es Patricia Salazar.